El Grupo Operativo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se incautó ayer en la localidad de Yucumo, en el departamento amazónico de Beni, de 955 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en un comercio que las acopió de forma ilegal y que las vendía entre 50 y 70 bolivianos, cuando el precio subvencionado, en todo el país, es 22.50 bolivianos.
El jefe del Grupo Operativo de la ANH, mayor David Gómez, explicó que la intervención se ejecutó cuando un camión de alto tonelaje descargaba los cilindros de GLP en el comercio y cuyo propietario no contaba con la licencia de la ANH para comercializar el carburante.
“El precio de una garrafa de GLP es de 2.25 bolivianos, pero en esa tienda se las ofrecía entre 50 y 70 bolivianos”, señaló el jefe policial asignado a la ANH, de acuerdo a un boletín de prensa de la institución.
Gómez indicó que en el depósito de la tienda había unos 300 cilindros de gas vacíos y que el camión transportaba 879 garrafas.
Sin embargo, aclaró que apenas se pudo secuestrar 955 garrafas y que el caso está radicado en el Ministerio Público del municipio de San Borja, al cual pertenece Yucumo.
El propietario del comercio, el dueño de la vivienda y el conductor del camión, cuyo vehículo fue secuestrado, fueron detenidos y remitidos a las instancias judiciales con fines de investigación, en el marco de lo que establece la Ley 100 de Desarrollo y Seguridad Fronteriza.
La Ley 100, de Desarrollo y Seguridad de las Fronteras, señala la prohibición de transportar GLP en vehículos no autorizados ni almacenar el carburante en tiendas, depósitos o en domicilios particulares no autorizadas.
La norma, que incorpora el artículo 226 del Código Penal, establece que la persona que “almacene o comercialice diesel, gasolina o Gas Licuado de Petróleo, sin estar autorizado por la entidad competente, será sancionado con la privación de libertad de tres a seis años y la confiscación de los bienes e instrumentos para la comisión del delito”.
La institución estatal reguladora de hidrocarburos, indicó la autoridad policial, realizó el operativo ante la denuncia de los vecinos de la propia población que se quejaron por el “alto precio” en que los propietarios del comercio vendían el carburante a pesar de ser un producto subvencionado por el Estado.
