El Tribunal Constitucional de Bolivia dejó hoy en manos de los tribunales, las alcaldías y las gobernaciones departamentales la decisión sobre el regreso a sus cargos de autoridades opositoras depuestas en virtud de varios artículos de una ley que acaban de ser declarados inconstitucionales.
Según dijo hoy en una conferencia de prensa en la ciudad de Sucre el presidente del Tribunal Constitucional, Rudy Flores, el fallo emitido se refiere a cuatro artículos de la Ley de Autonomías, pero no se pronuncia sobre casos concretos.
Los artículos 144, 145, 146 y 147 de la Ley de Autonomías permitían la suspensión de una autoridad electa si un fiscal presentaba una acusación formal simple en su contra.
Más de 100 gobernadores, alcaldes y consejeros pertenecientes a partidos enfrentados al Gobierno de Evo Morales han sido apartados de sus cargos en los últimos años en virtud de dicha Ley y la oposición ya ha comenzado a reclamar que sean restituidos.
Por contra, el Ejecutivo defendió el miércoles que la sentencia del Tribunal Constitucional no tiene efecto retroactivo, lo que no impidió que hoy regresara a su puesto a hombros de sus seguidores el alcalde de Potosí, René Joaquino, destituido en el 2010 bajo una acusación de compra irregular de vehículos de segunda mano.
Flores precisó que la aplicación de la sentencia de inconstitucionalidad deberá valorarse por las vías judicial y administrativa.
«El Tribunal no se pronuncia en ninguno de los términos de la sentencia respecto a un caso particular y los daños o cualquier situación emergente en el trámite de cada caso», puntualizó el magistrado.
Agregó que cada caso deberá tratarse ante la instancia correspondiente, que en algunos casos puede ser judicial y en otros, administrativa, en referencia a los órganos legislativos municipales y departamentales en los que se tramitó la suspensión de cada alcalde y gobernador.
En el caso de René Joaquino, el primer opositor que hoy decidió retornar a su cargo institucional, éste ha solicitado su restitución ante el Consejo Municipal de Potosí, en el que su partido tiene la mayoría, por lo que se da por sentado que nada impedirá que recupere formalmente el puesto.
Joaquino nunca llegó a renunciar a su cargo, pero otras autoridades que sí lo hicieron tras ser depuestas lo tienen más complicado para recuperar su lugar institucional, como es el caso del alcalde de Sucre, Jaime Barrón, también destituido en el 2010 porque presuntamente discriminó a unos campesinos dos años antes.
Otros casos relevantes fueron los de los gobernadores de los departamentos de Tarija, Mario Cossío, y Beni, Ernesto Suárez, en 2010 y 2011, respectivamente.
Ambos fueron depuestos por acusaciones de corrupción procedentes del partido gobernante y sus aliados, cargos que ellos rechazan.
Cossío está asilado en Paraguay y Suárez, tras su suspensión, renunció al cargo para hacer posible una nueva elección en Beni, que ganó el mes pasado su correligionario Carmelo Lens.
El líder del partido opositor Unidad Nacional Samuel Doria Medina celebró hoy a través de la red social Twitter el regreso de Joaquino a la alcaldía de Potosí y reivindicó la restitución de Cossío como gobernador de Tarija, cargo al que dicho político tampoco renunció nunca.
«Mario Cossío debe retornar y reasumir YA, hay que intentarlo, Joaquino lo hizo», escribió Doria Medina en su cuenta de Twitter.
Se espera que en las próximas horas otros opositores, entre ellos varios alcaldes, recuperen sus cargos institucionales.
