La política chilena respecto a Bolivia y el conflicto marítimo ha sido al menos contradictoria, según el abogado y exministro de Defensa y excónsul General del país en Chile Walker San Miguel, aunque el diplomático y economista Andrés Guzmán opta por calificarla con un adjetivo más duro al decir que ésta ha sido “más bien errática”.
San Miguel identifica dos líneas discordantes que han asumido en la historia los diferentes gobiernos chilenos desde el final de la Guerra del Pacífico. Según afirma, existen dos tendencias encontradas y “bastante contradictorias”: la primera dice que los tratados son inamovibles y que el Pacto de Tregua y el Tratado de Paz y Amistad de 1904 son los que se deben respetar.
El Pacto de Tregua de 1984 fue suscrito como un acuerdo temporal para terminar con las hostilidades entre ambas naciones. Se firmó en la ciudad de Valparaíso el 4 de abril. El documento ponía en efecto una tregua indefinida bajo la condición de que Bolivia aceptara la cesión del litoral. El Tratado de Paz y Amistad consumó lo indicado por el anterior documento y se creó de facto (la guerra) un nuevo derecho sobre las costas anteriormente bolivianas.
La segunda línea que subraya San Miguel, como característica de la política chilena sobre el mar y en tensión con la primera, es la que sostuvieron varios mandatarios de Chile, que en el ejercicio de su función han reconocido que hay un problema pendiente con el país.
Para Guzmán, la historia muestra cómo la política chilena sobre el mar y Bolivia “ha sido errática”: “el Estado chileno, muchas veces ha negado la existencia de un conflicto y al mismo tiempo ha aceptado que había que solucionar el tema marítimo, incluso se comprometió repetidas veces a hacerlo”.
Según este diplomático, esos arranques de voluntad por avanzar en una resolución generalmente se han dado en momentos que Chile tenía alguna tensión con sus vecinos Perú o Argentina u ocultaban otro interés, “pero nunca fueron con la voluntad real de cerrar el tema”.
No obstante, lo importante aquí es que ese “supuesto interés” de clausurar la polémica con una solución “ha creado un efecto jurídico que demuestra que existe un pendiente. Porque si Chile siempre habría mantenido la posición de negación, entonces Bolivia no tendría ningún argumento para revisar el tema. En ese sentido, Chile ha mantenido vivo el problema. Chile ha creado el derecho que tiene Bolivia de reclamar una salida soberana”.
Las dos tendencias subrayadas por San Miguel y confirmadas por Guzmán fueron propias de un determinado gobierno chileno u otro, respectivamente, sin embargo, el economista señala que ambas líneas se encarnan a un tiempo en la gestión del presidente de Chile, Sebastián Piñera.
“En junio de 2010, su gobierno firmó una acta con el país en el que ambos Estados se comprometían a presentar soluciones factibles, concretas y útiles para solucionar el tema marítimo. Ése es un reconocimiento explícito de la existencia de un tema pendiente. Luego, Chile se desentendió y canceló la reunión, lo cual demuestra esa actitud errática”.
San Miguel apunta una actitud similar. “Las últimas declaraciones del presidente de Chile, Sebastián Piñera, muestran esa contradicción, porque por un lado, en los foros, habla de que no existe nada irresuelto y que se debe respetar el Tratado de 1904, pero por otro reconoce el pendiente y se habla de ofertas, enclaves, puertos, más allá de que se refiera a soberanía u otro tipo de cualidad”, señala.
Añade que en esas declaraciones se está aceptando, en “sentido estricto”, que hay un problema internacional pospuesto.
Un ejemplo reciente de la segunda línea diplomática que identifica San Miguel es la del Gobierno de Michelle Bachelet que buscó una solución con la Agenda de 13 puntos, la cual está en contradicción de la política de Piñera que quiere negar temas pendientes.
Remontándose al siglo XIX, menciona también el caso del presidente chileno Domingo Santa María, que en el primer lustro de la década de 1880 intentó normalizar las relaciones con Perú y Bolivia. “Este presidente decía que había que solucionar el problema y dar una salida marítima al país”.
Otro ejemplo de esta segunda tendencia son —explica— las notas diplomáticas de 1950 entre los cancilleres de las naciones en conflicto, en las que se reconoce que hay que solucionar el conflicto. Por último, menciona las negociaciones de Charaña en 1975, cuando los presidentes de facto Hugo Banzer
Suárez y Augusto Pinochet se reúnen con la intención de poner fin a la cuestión, lo cual es una aceptación explícita por parte de Chile del tema pospuesto.
Es muy difícil para Chile sostener la aseveración de la primera tendencia que señala San Miguel (la que habla de que no existen temas pendientes con Bolivia), pues esta exautoridad nota que la causa boliviana es reconocida por la Comunidad Internacional; “por el actual presidente del Perú” (Ollanta Humala), para quien es “legítima y justa”; por la Organización de los Estados Americanos en las sendas declaraciones escritas desde 1979 a 1987 en las que se habla de que se trata de un “tema de interés hemisférico”; por países no alineados; las Naciones Unidas; y ahora por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Por tanto, “ésta es una cuestión, que más allá del diseño que la diplomacia chilena quiera plantear, no se puede esconder y tiene que ser resuelta”, concluye el excónsul.
