El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la inconstitucionalidad de los artículos 144, 145, 146 y 147 de la Ley Marco de Autonomías Departamentales (LMAD) que disponen la suspensión de autoridades democráticamente electas cuando exista acusación formal en contra, por considerar que esto viola el derecho de presunción de inocencia, además de convenios internacionales de defensa de los derechos humanos.
El fallo es uno de los más relevantes desde que el TCP se reconfigurara, precisamente, gracias a la legitimidad del voto ciudadano que fue puesta en tela de juicio por el conjunto de apartados legales declarados ilegales.
Apelando a este fallo, René Joaquino llegó junto a sus seguidores hasta las puertas de la Alcaldía de Potosí, donde inició con éxito las gestiones para lograr su restitución, que ahora deja fuera del cargo a Zenón Gutiérrez, quien había sido elegido en su reemplazo, a merced de las normativas inconstitucionales. El viernes, la Asamblea
Legislativa Departamental del Beni restituyó a los asambleístas Sonia Suárez (MNR) y Carlos Navia (MAS), sobre la base del mismo mandato jurídico ya vigente.
Se ha dicho que Ernesto Suárez pudo retornar al principal sillón de la Gobernación del Beni y que la fecha del fallo fue calculado por el poder político, donde se realizaron apuestas entusiasmadas a favor de la victoria de Jessica Jordan. La historia fue otra y las previsiones también se tejieron en el bando tradicional beniano, desde donde se jugó a poner en evidencia el supuesto debilitamiento del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La opción más sensata pasa por otro tubo de ensayo, por el institucional. Los nuevos rodamientos legales del Estado han comenzado a funcionar sobre la base de una Constitución que acaba de dar sus primeros pasos. Se ha promulgado hace cuatro años y recibió más empujones que respaldos, la Carta Magna requiere de la dedicaEl editorción de los políticos y de la sociedad y ahí está el TCP que requiere legitimarse para bien.
