El juez Rodrigo Hernández y el fiscal Manuel Guerra coincidieron en asegurar que priman criterios técnicos y no políticos en el proceso que atienden contra los tres soldados bolivianos detenidos, por lo que minimizaron cualquier pronunciamiento de la Cancillería chilena sobre el caso. Además afirmaron que un informe del Ejército boliviano sobre el hecho deja más dudas y confirma que los detenidos portaban un arma y municiones.
Hernández, quien decidió ayer ampliar por 10 días la investigación, aseguró –según publicó hoy el periódico La Estrella de Iquique- que las opiniones de la Cancillería no tienen ninguna relevancia frente a hechos propios de la justicia y aseguró que el informe del Ejército de Bolivia sobre la labor de los militares detenidos “deja más dudas que respuestas”.
Los soldados Álex Choque Quispe (20), Augusto Cárdenas García (19) y José Luis Fernández Choque (18) fueron detenidos por Carabineros de Chile el 25 de enero, en el límite que separa a ambos países. Los uniformados participaban en un operativo de lucha contra el contrabando y de hecho se reveló que los contrabandistas denunciaron su ubicación.
La Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia chilena rechazaron un amparo para la libertad de los detenidos en la cárcel de Alto Hospicio. Para el 25 de febrero fue fijada la audiencia en la que se definirá si se lleva o no a juicio a los detenidos, que son acusados por portación de armas de guerra e ingreso por paso no autorizado; delitos que tienen condenas de cinco a 20 años de cárcel.
El juez que atiende el caso informó que recibieron un informe del Ejército boliviano que deja más dudas sobre las labores de los conscriptos y que muestran que ingresaron a territorio chileno en un sin número de oportunidades y de haber hecho disparos. “De la lectura que se ha hecho (del informe), este juez aquí ha apreciado que los militares tenían conocimiento de que existía una alta probabilidad de estar vulnerando la soberanía de otro estado”, señaló.
Lo perseguido en este caso es el porte de arma de guerra y el mismo informe boliviano indica que “no sólo portaban arma de guerra sino portaban munición letal”, aseguró el juez, según la publicación de La Estrella de Iquique.
El fiscal Guerra, quien se opuso a la libertad de los conscriptos, coincidió con el juez en que un número mayor de militares paso a territorio chileno. “No sólo las tres personas que se encuentran en esta causa estuvieron en territorio nacional, sino que hubo otras más de acuerdo al mismo informe del Ejército boliviano. También dicen que se exploró la línea de frontera con un helicóptero para identificar el sitio donde fueron capturados tres soldados, es decir, se sobrevoló espacio aéreo chileno”, afirmó el fiscal.
El abogado defensor de los conscriptos, Matías Coll del Río, exigió la libertad condicional de sus defendidos y, entre los argumentos que expuso está un comunicado de la Cancillería chilena en el que se expresa a su similar boliviano una pronta solución del hecho.
Guerra aseguró que en Chile hay una clara división de poderes. “Aquí no estamos debatiendo un hecho político internacional, sino un hecho delictivo”, afirmó.
Asimismo negó cualquier presión de la Cancillería. “No nos parece adecuado que un documento que tiene por finalidad efectuar una comunicación al gobierno boliviano, sea utilizado como argumento para decir que no hay delito”, insistió.
