El asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, que murió luego de ser apuñalada 15 veces por su esposo, teniente de policía, en presencia de su hijo de tan sólo cinco años, ha puesto en relieve la importancia de promulgar una ley que no sólo penalice la violencia de género, sino que además obligue al Estado a proteger a las víctimas de este mal y trate de prevenirlo.
Ningún crimen de esta naturaleza ocurre sin precedentes, que se van agravando a medida que el agresor se da cuenta de que sus acciones quedan impunes, como consecuencia de la pasividad de la Justicia, de la sociedad en general y a veces también de la víctima. Indiferencia y laxitud que no sólo inducen a aceptar la violencia como algo normal, sino que además contribuyen a reproducirla.
No fue el caso de Hanalí Huaycho, quien presentó cinco denuncias de maltrato en contra de su pareja, Jorge Clavijo Ovando, en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), dos en La Paz y tres en El Alto. Incluso en una oportunidad tuvo que recurrir a la Unidad de Bomberos por una bomba que Clavijo instaló en su vehículo, y que resultó ser inofensiva. Lo que permite suponer que no sólo los golpes eran algo corriente en esa relación, sino también las amenazas, insultos y amedrentamientos.
Pese a estas denuncias, pese a la negativa de Huaycho de aceptar como normal el maltrato, y pese a que el acusado era un oficial de élite de la Policía, ni la Justicia ni las fuerzas del orden hicieron algo para evitar este crimen que se veía venir. Ahora, muchas autoridades se rasgan las vestiduras, toman recién acciones para suspender a Clavijo de su cargo, anuncian su pronta captura, y aseguran celeridad para aprobar una ley contra la violencia de género, cuyo proyecto fue presentado a la Asamblea hace dos años.
Ahora bien, sin duda la aprobación de esta norma (que instruye crear tribunales y fiscales especializados para combatir la violencia femenina, que sanciona la agresión violenta con penas desde los cuatro años e incluye al feminicidio en el Código Penal) contribuirá a castigar a quienes incurran en este tipo de delitos, y que hoy muchas veces quedan impunes.
Sin embargo, no sólo hace falta sancionar con prontitud a los responsables, sino también y sobre todo prevenir estos crímenes, evitando que la violencia vaya en ascenso hasta desatar víctimas fatales, marcando a los hijos, de por vida, durante este proceso. Y esto pasa no sólo por formular leyes más estrictas, sino también a través de programas educativos, que identifiquen a los agresores y les den una oportunidad para recuperarse antes de que sea demasiado tarde; creando alternativas, como refugios temporales y grupos de apoyo, para que las mujeres y sus hijos víctimas de maltrato puedan escapar de este mal; e implementando campañas de empoderamiento de los derechos de las mujeres.
