El gobierno del presidente Morales sigue cumpliendo con el mandato constitucional que prevé la recuperación del control y la gestión por parte del Estado de los recursos naturales, los servicios básicos y los servicios estratégicos para el disfrute de todas y todos sus ciudadanos.
Esto contrasta con la actitud que en los últimos años han mantenido los sucesivos gobiernos españoles. Tanto el gobierno de Zapatero (PSOE), como el de Mariano Rajoy (PP) han priorizado los intereses de los mercados internacionales y de los grandes capitales por encima de los intereses de las personas. Sobre estos supuestos, se entiende claramente la visión enfrentada que ambos gobiernos tienen sobre los procesos de recuperación de la soberanía de los recursos. Es decir, las acciones de ambos obedecen a intereses sumamente contrapuestos, interés del pueblo frente a intereses de los mercados internacionales.
Sobre esta dicotómica interpretación de los intereses que deben guiar las acciones de gobierno, es necesario hacer referencia al caso concreto que ha llevado a la nacionalización de la empresa de Servicio Aeroportuarios de Bolivia (SABSA), por parte del Gobierno boliviano.
SABSA, propiedad de las españolas Abertis y AENA, consiguió la concesión para gestionar los tres aeropuertos más importantes de Bolivia en 1997. El de-sembolso realizado por SABSA fue tan sólo de Bs 26.050 (poco más de $us 3.700) lo que le dio acceso a administrar $us 430 millones. Desde ese año, SABSA ha obtenido unas utilidades que ascienden a $us 20,6 millones, una cifra descomunal teniendo en cuenta el capital invertido. En definitiva, un negocio redondo. Claro, un negocio redondo para SABSA, mientras que para el pueblo boliviano significa un negocio de fuerte descapitalización.
Otro de los datos a destacar de la gestión de SABSA es el sueldo de su Gerente General, que ascendía a Bs 127 mil ($us 18.247 mensuales). Una ofensa para el pueblo boliviano. Pero más allá, no debemos olvidar que AENA, una de las empresas que controla parte de SABSA, es de titularidad pública española, por lo que mantener un salario de tal calibre (más del doble al del Presidente español) en plena devaluación de las condiciones socio-laborales en España, resulta una ofensa también para el mismo pueblo español.
El pasado lunes, el presidente Evo Morales daba a conocer cómo SABSA había incumplido los planes de inversión comprometidos. En 2005 se firmó un convenio por el que SABSA se comprometía a invertir hasta 2022 $us 53,4 millones, debiendo alcanzar la cifra de $us 26 millones en 2011. Sin embargo, lo invertido en este periodo apenas alcanzó los $us 5 millones. Ante esta falta de inversiones, los propios trabajadores de SABSA venían desde hace meses reclamando la acción estatal.
En conclusión, el Gobierno español en vez de amenazar sobre el deterioro de las relaciones bilaterales de ambos países debería comenzar a regirse también por los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas, y no por los intereses impuestos por los grandes capitales y los mercados internacionales. La nacionalización de SABSA, bajo ningún término, debe ser interpretada como una ofensa al pueblo español, sino como una defensa de los intereses del pueblo boliviano ante una situación injusta. Quizás si en España somos capaces de reproducir esta correlación de fuerzas ante intereses enfrentados, tengamos una salida más próxima a la delicada y triste situación que actualmente estamos atravesando.
