El viernes se cumplió el plazo definido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la solicitud de referendos revocatorios por iniciativa popular. El resultado no deja de ser interesante: hubo 122 solicitudes orientadas a revocar el mandato de 353 autoridades en diferentes niveles y lugares del país. Con ese ímpetu se estrena este mecanismo de democracia participativa.
Lo primero que llama la atención es el número de solicitudes, que puede ser elevado o reducido dependiendo de las expectativas que se tengan al respecto. Si se considera el exigente requisito de porcentajes de firmas establecido en la Ley del Régimen Electoral, 122 iniciativas superan las mejores previsiones. Si se piensa en cambio en promesas incumplidas, problemas de gestión, fracturas internas, pérdida de legitimidad y capacidad de movilización social, dicho número puede haber quedado más bien corto.
Como era previsible, no hubo ninguna iniciativa para revocar el mandato del Presidente y Vicepresidente del Estado. Aunque anuncios y advertencias no faltaron. En diferentes coyunturas de conflicto, algunos voceros cívicos, de la COB, de los transportistas, de la Cidob y del Conamaq amenazaron con “revocar al Presidente si es que…”. La activación del mecanismo estaba condicionada a demandas particulares. Y así no había forma de que prospere en un solo movimiento. Pero surgieron en cambio solicitudes de revocatoria para gobernadores, alcaldes, ejecutivos regionales, concejales, asambleístas departamentales, diputados y hasta una senadora. Según datos preliminares del TSE, se busca revocar el mandato de 353 autoridades electas en diciembre de 2009 o en abril de 2010. Claro que algunas solicitudes fueron desestimadas y para las otras viene la fase más difícil, y de mayor costo, que es el llenado de libros en un plazo corto (hasta fines de mayo). Es probable que varias iniciativas queden en el camino.
Con relación a los potenciales revocados, la mayoría son autoridades del ámbito municipal (231 concejales y 44 alcaldes) y un nada despreciable número de asambleístas departamentales (56). Están también los gobernadores Cocarico, de La Paz, y Tito, de Oruro, así como ocho diputados. Pese a los diferentes momentos de crisis institucional, no hubo ninguna solicitud para revocar a las autoridades de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.
Lo que sigue después son pasos más bien administrativos como la revisión de firmas y, en su caso, la organización del referendo simultáneo previsto para el 8 de diciembre de 2013. De ese modo avanza, con arreglo a la nueva Constitución, este primer ejercicio del derecho ciudadano a la revocatoria de mandato de autoridades y representantes electos por voto popular. Un ejercicio que se inicia con fuertes límites normativos, pero al mismo tiempo sin generar la temida inestabilidad e incertidumbre institucional.
