El lunes se inició un juicio contra la petrolera BP, una de las compañías más grandes del mundo, por provocar, en 2010, el mayor derrame de crudo en la historia de EEUU. Los demandantes, entre ellos el Gobierno Federal estadounidense, aseguran que la colosal fuga de petróleo en el Golfo de México se debió a la “cultura de imprudencia corporativa” arraigada en la compañía británica, acostumbrada a anteponer sus beneficios económicos a las personas, a la seguridad y al cuidado del medio ambiente.
No es la primera vez que una gran empresa petrolera debe sentarse en el banquillo de los acusados por causar serios daños ambientales y afectar a la salud de las personas. Piénsese por ejemplo en el proceso que un grupo de indígenas ecuatorianos le ganó a Chevron, por los impactos que la multinacional estadounidense causó en la Amazonía. Lo inédito es que, a diferencia de los otros demandantes, en este caso se trata de un Gobierno poderoso, capaz de hacer efectiva la posible sanción: unos $us 20 mil millones.
Por ello, una sentencia en contra de BP constituiría un precedente histórico, que quizás serviría para que las compañías petroleras revisen sus políticas corporativas, que muchas veces las inducen a incumplir normas de seguridad y de cuidado ambiental sólo para ganar más dinero.
