El Congreso argentino convirtió en ley un acuerdo con Irán propiciado por el Gobierno para interrogar a dirigentes iraníes acusados por el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994, en el que murieron 85 personas y otras 300 resultaron heridas.
El bloque oficialista que responde a la presidenta Cristina Fernández se impuso con 131 votos, en tanto que la oposición, con apoyo de entidades de la colectividad judía de Argentina —que rechazan el acuerdo—, sumó 113 votos. Buenos Aires y Teherán firmaron el 27 de enero un memorando para crear una Comisión de la Verdad, integrada por cinco miembros, ninguno de ellos iraní o argentino.
Aunque aún falta que el Parlamento iraní también lo apruebe, el memorando establece la posibilidad de que los cinco juristas y el juez argentino de la causa puedan tomar declaración en Teherán a ocho imputados, entre ellos el actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, y el expresidente Alí Rafsanjani (1989-1997).
Tras la sanción de la ley, el presidente de AMIA, Guillermo Borger, dijo que pedirá la nulidad del acuerdo ante la Corte Suprema. “Es mejor interrogar que no poder interrogar a nadie. Sin indagatorias la causa no avanza”, dijo en defensa del acuerdo el canciller Héctor Timerman en una audiencia previa en el Legislativo.
La investigación del ataque se estancó en 2006 cuando la justicia argentina acusó a ocho autoridades y líderes iraníes, entre ellos el excanciller Alí Akbar Velayati. Sobre todos ellos pesa una orden de captura de Interpol con una alerta roja que Irán se niega a reconocer.
