Entre las zonas identificadas como de riesgo de muerte para las mujeres están los pasos de frontera, zonas mineras, petroleras, construcción de carreteras, de producción vitivinícola y narcotráfico, según el defensor del Pueblo, Rolando Villena.
“Guayaramerín (Beni) es una zona particular porque es frontera con Brasil. Los feminicidios denunciados llegan a 11, pero los relatos sobre estos hechos se ocultan por la presencia de poderes que limitan la denuncia”, reveló la autoridad.
En el informe “Feminicidio en Bolivia” se describen los ataques y lugares donde ocurren los feminicios. En 2010, en la zona minera de San Pedro de Buena Vista (Potosí) se registró la muerte de una maestra a manos de su pareja, quien le quitó la vida por celos.
Un caso relacionado con narcotráfico se registró en 2011 en Warnes (Santa Cruz), cuando tres jóvenes de 17, 20 y 21 años fueron asesinadas por un colombiano. En 2009, una carretera en Porvenir (Pando) fue el escenario de la muerte de una mujer, tras una larga relación de maltrato físico y psicológico.
Influenciados por el alcohol, el 10 de octubre de 2009, un policía y su amigo llevaron a dos jóvenes a un descampado con la intención de abusar de ellas; después de violarlas, las mataron y desfiguraron sus rostros. En el informe no se consideran casos en zonas petroleras y de producción vitivinícola, aunque se registran hechos de feminicidios en todo el país.
“La violencia contra la mujer, principalmente en su relación de pareja, abordada desde un enfoque crítico, favorece a ubicar al hombre en una posición de victimario y a la mujer como víctima”, señaló Villena. Según el Defensor del Pueblo, las mujeres necesitan un sistema de apoyo con información, capacitación, acceso a servicios sociales, psicológicos, independencia económica y albergues para resguardar su vida.
“Es necesario transformar el actual modelo patriarcal y transitar a una cultura basada en el afecto, el respeto, para lo cual se requiere un cambio cultural ”, agregó. Con la nueva Ley Integral, que sería sancionada el 8 de marzo, se castigará el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
