En el trabajo de la comisión especial boliviano-brasileña creada para estudiar el caso del senador Róger Pinto, el Gobierno intentará revertir —con contenido jurídico— la figura de asilo político que la administración de Dilma Rousseff otorgó al opositor.
Ésta es la intención del Ejecutivo, explicó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Galo Bonifaz, quien además destacó que la Cancillería de Bolivia expondrá argumentos jurídicos para revocar el actual estatus de Pinto.
“Obviamente el objetivo va a ser revertir el asilo político, porque estamos seguros de que no hay ninguna persecución política. Ésta va a ser la oportunidad para demostrar que es un tema jurídico”, detalló Bonifaz.
Los gobiernos de Bolivia y Brasil decidieron conformar una comisión político-técnica para revisar la situación del senador Pinto, quien permanece desde mayo de 2012 en la embajada brasileña en La Paz a la espera de un salvoconducto que le permita acogerse al estatus de asilado político.
Los cancilleres de Bolivia, David Choquehuanca, y de Brasil, Antonio Patriota, llegaron al acuerdo para tratar el caso del legislador en la reunión que sostuvieron el sábado en Cochabamba.
Pinto ingresó el 28 de mayo de 2012 a la legación diplomática y solicitó asilo político bajo el argumento de que era un perseguido político del gobierno de Evo Morales. El Ejecutivo negó los argumentos del asambleísta y señaló que no le otorgará salvoconducto porque debe responder ante la Justicia por hechos de corrupción.
Por su parte, el expresidente Jorge Quiroga aplaudió la conformación de esta comisión; sin embargo, pidió al gobierno de Morales otorgar el salvoconducto a Pinto, ya que el Ejecutivo estaría vulnerando convenios consulares firmados entre ambas naciones.
Sobre la salud del senador por Pando, Quiroga dijo que lo encontró “cansado”, pero que él no se arrepiente de haber solicitado el asilo político al Gobierno de Brasil.
