La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) contabilizó que en el 2012 se registraron medio centenar de agresiones físicas y verbales contra periodistas y medios de comunicación independientes en Bolivia.
El informe titulado Estado de la Libertad de Expresión 2012 denuncia que las reiteradas advertencias del gobierno se consumaron en acciones como el juicio penal contra la Agencia de Noticias Fides (ANF), los periódicos El Diario y Página Siete por el supuesto delito de «difusión e incitación al racismo o la discriminación».
Las alertas difundidas por la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión de la ANP señalan que las agresiones físicas y atentados se incrementaron de 13 casos, en el año 2010, a 33 acciones violentas en 2012.
En este capítulo se consigna el atentado sufrido en octubre pasado, por el periodista Fernando Vidal y la trabajadora de radio Karen Anze, en la ciudad de Yacuiba, cuando un grupo de personas incendió el estudio de la emisora desde el que transmitían un programa de comentarios y noticias.
«Los medios de comunicación impresos que integran la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresan preocupación porque sumados a los anteriores casos de agresión, el gobierno impuso una Ley de Seguro de Vida para periodistas, en apariencia justo, pero con un trasfondo cuestionable y dirigido a confiscar recursos financieros de los medios de comunicación», denuncia el informe.
Amenazas
La ANP que agrupa a los 20 medios impresos más importantes de Bolivia, señala su permanente preocupación porque las medidas gubernamentales despojan de ingresos financieros a los medios a través de impuestos y la publicación gratuita de mensajes educativos en espacios destinados a la publicidad, el principal ingreso para su sostenimiento financiero.
La organización considera a estas medidas como una penalización al trabajo independiente y de defensa de las libertades constitucionales que cumplen sus asociados.
El Informe Anual de Impunidad 2012: Rostros y Rastros de la Libertad de Expresión en Latinoamérica y el Caribe elaborado por la Red Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión-América Latina (IFEX-ALC), señala que «en Bolivia, Ecuador y Venezuela la impunidad se relaciona a la censura indirecta desmesurada producto de una normatividad restrictiva, apatía, permisividad e incluso connivencia del Estado frente a violaciones contra la libre expresión».
Estímulo al ataque
Entre las conclusiones, la ANP recuerda reiterados reclamos al gobierno para «una convivencia de paz, de democracia y de respeto a las libertades constitucionales, pero -según la organización- la respuesta llegó con un lenguaje de hostilidad».
Menciona que «el 2 de septiembre de 2012, el presidente Evo Morales sugirió a productores de hoja de coca del Trópico de Cochabamba asumir acciones legales contra ‘los opositores que manejan los medios de comunicación’ porque los califican de narcotraficantes (El Día, A4.03.09.12).»
Las alertas difundidas por la Unidad de Monitoreo registran como responsables de agresiones físicas y verbales a grupos y políticos afines al gobierno, policías, indígenas, discapacitados, y autoridades municipales.
Los incidentes de acoso administrativo, daños materiales a equipos de periodistas y medios, y normas que dificultan el acceso a la información pública y el trabajo periodístico también están registrados.
El asesinato de tres periodistas en 2012, y la ausencia de resultados en las investigaciones y castigo para los responsables, es motivo de preocupación para la ANP que denuncia la impunidad de hechos que afectan al trabajo de medios y periodistas.
