Cada 15 de marzo, desde 1985, se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. El principal propósito de esta fecha es el de recordar a las sociedades en general, y a las autoridades en particular, el derecho fundamental que tenemos los usuarios y consumidores en acceder a bienes y servicios de calidad, a precios justos y sin discriminaciones.
En nuestro país, los derechos de los usuarios y consumidores son considerados como derechos humanos; y están reconocidos en el artículo 75 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, este reconocimiento constitucional requiere ser ampliado y operativizado, para que de forma efectiva se logre un equilibrio en la relación desigual que existe entre empresas proveedoras de bienes/servicios (privadas y públicas) y la población consumidora, logrando así cerrar brechas de vulnerabilidad para los usuarios.
El primer requisito es contar con un cuerpo legal consistente, que describa de manera específica los derechos fundamentales de los consumidores. De hecho, Bolivia es el único país en Sudamérica que no cuenta con una Ley de Defensa del Consumidor, por lo que es prioritario acelerar la aprobación de un anteproyecto de ley que llene este vacío.
El contenido de la norma debiera enfocarse sobre todo en la satisfacción de las necesidades básicas de la población, en un marco de acceso a información transparente sobre la naturaleza de los bienes y servicios, de manera que la elección de consumo sea sin condicionamientos ni presiones. Por otra parte, también debería establecer un acceso sin discriminaciones de ninguna naturaleza a bienes y servicios, así como la protección ante la evidencia de vulneración o abuso por parte de los proveedores.
En efecto, la ley debe garantizar la óptima calidad de los bienes y servicios consumidos, velando por el cumplimiento de los estándares y normas de seguridad en su elaboración y provisión. En caso de que el producto final esté defectuoso o que el proveedor incumpla con su promesa de vender productos certificados, se debe definir una compensación obligatoria para el usuario. Finalmente, es necesario que la norma contemple contenidos de educación al consumidor y fomente la organización comunitaria, para promover un consumo de manera equilibrada, satisfactoria y respetando el medio ambiente.
Hace falta un marco normativo porque, por un lado, enfrentamos el reto de poder cambiar el paradigma de un consumismo depredador orientado a la satisfacción de las necesidades individuales y, por otro, la provisión de bienes y servicios cuya única orientación y motivación es la maximización de ganancias, sin considerar el bienestar colectivo de los consumidores y la sostenibilidad con el medio ambiente.
