Las decisiones que asumen los dirigentes basados en intereses de grupo, de partidos políticos, de gobierno o personales, pueden derivar en consecuencias desfavorables para los trabajadores. La aprobación de la Ley del Seguro de Vida para los trabajadores de la prensa (Ley 315) es una muestra de ello. Esta norma no señala sobre qué bases técnicas se determinó el aporte del 1% de los ingresos brutos de los medios de comunicación. Un primer problema a considerar es que los medios son diferentes en extremo. De modo que algunos terminarán por subvencionar a otros, los más grandes, como La Razón, a los más pequeños, que en el país son innumerables. Un segundo inconveniente es la falta de estudios previos, cuya consecuencia será a la larga crear fondos inflados, cuyos fines tampoco fueron definidos con amplitud. No se conoce un estudio serio sobre cuál es el índice de trabajadores del sector que muere cada año y cuánto de dinero se recaudará en una gestión.
Un tercer aspecto, mucho más delicado, es quién o quiénes administrarán estos recursos, que provengan del aporte que realicen los medios y bajó qué normas de control se regirán. Pese a estos inconvenientes, la apócrifa Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) se ha dado a la tarea de avanzar en una reglamentación sin la participación de todos los actores. Es preocupante conocer que ha determinado, de manera discrecional, un seguro por la muerte de un trabajador de $us 24 mil. ¿Se realizó algún estudio financiero para fijar este monto?, ¿cuáles son las variables financieras que se usaron para este aspecto? También es menester que se responda con claridad ¿a dónde irá el resto del dinero que se acumule en el fondo? ¿Quién garantiza que esos dineros no se destinen para otras finalidades que busquen satisfacer intereses personales? ¿Se hizo algún estudio sobre este tema?
Es justo y necesario que los supuestos dirigentes de la prensa de La Paz y defensores de esta ley den a conocer, con claridad, los estudios técnicos y financieros sobre los que se determinaron los porcentajes, los montos a pagar y la proyección de la recaudación; porque hasta el momento sólo se escuchan eslogans o insultos en contra de quienes observan la medida. También deberían aclarar en qué medios se socializó esta ley, y cuántos trabajadores expresaron su apoyo. Porque, hasta el momento, no se conocen en detalle los aspectos técnicos de esta normativa, que, dicho sea de paso, está trayendo más perjuicios que beneficios al interior de los medios de comunicación, tanto en los grandes como en los pequeños. Ojalá que los efectos financieros de esta ley no sean desastrosos para el sector.
