Un súbito desmejoramiento de la salud de «El Viejo» y del ex dirigente juvenil cruceño Alcides Mendoza Masavi, que en la tesis del gobierno iban a ser piezas fundamentales en el alzamiento armado y separatista que acabaría con la unidad de Bolivia para crear una nueva nación, obligó a suspender el «juicio del siglo» hasta el viernes.
En la audiencia, el juez Sixto Fernández debía pronunciarse sobre los incidentes y excepciones de la defensa, inclusive la extinción por vencimiento de plazo del proceso que lleva tres años y once meses sin sentencia.
El decaimiento de los dos acusados fue visible a los pocos minutos de iniciada la sesión para instalar la audiencia, que llevaba una demora de 30 minutos por la demora de «El Viejo» en hacerse presente en la sala. En cuanto ingresó, fue cercado por los reporteros a quienes manifestó el malestar que sentía.
Villa Vargas lucía pálido y sus manos estaban frías, síntoma de las bajas de azúcar provocadas por la diabetes que padece el acusado. Mendoza también estaba pálido y sus pulsaciones eran bajas (50, según la medición que hizo el galeno Juan Carlos Santisteban, uno de los acusados que se defiende bajo libertad condicional) y presión alta.
La acusación pidió que la salud de Villa Vargas y Mendoza fuese verificada por paramédicos de la policía. Dos bomberos de overol rojo hicieron las mediciones y tuvieron los mismos resultados.
La audiencia se encaminaba hacia uno de sus puntos críticos. El abogado Alberto Morales había reiterado el pedido de la defensa para que se realice una auditoría completa de las supuestas pruebas de la acusación. Morales aseguró que había desaparecido un 80 por ciento de las armas que supuestamente emplearía el grupo del fallecido Eduardo Rózsa Flores.
«Las que nos mostraron al iniciarse esta serie de sesiones, el mes pasado, estaban en sólo dos bolsas y media. La cantidad de bolsas que vimos en Cochabamba era mayor a diez», dijo.
La reclamación del abogado fue respondida por el acusador del gobierno Sergio Céspedes, quien dijo que se trataba de una actitud «dilatoria» y que la defensa persistía en amenazar con una supuesta desaparición de pruebas. Morales le respondió diciendo que «los que menos pueden amenazar en este proceso son los acusados» y reiteró que «las armas del terrorismo están consumidas casi en su totalidad».
Recordó que en Cochabamba, hace dos años, el fiscal Marcelo Soza había dicho que por iniciativa propia había dispuesto que algunas de las armas fuesen destruidas, pero que tiempo después, en Tarija, había ofrecido «destruir lo que dio que había sido destruido».
En los minutos previos a la frustrada reapertura de la audiencia el comentario entre acusados, amigos y parientes fue la desaparición de fiscal Soza, pero nadie pudo dar una pista segura sobre dónde se encontraría.
Causó impresión el que la justicia en La Paz hubiese aplicado el procedimiento que Soza había aplicado a algunos de los acusados en Santa Cruz: notificarlos con órdenes pegadas en las puertas de sus domicilios.
