La auditoría a la compra del avión presidencial Saaault Falcon 900EX EASY concluyó, después de dos años y cinco meses de haberse iniciado, con un informe que avala el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la aeronave y el monto pagado: $us 38,7 millones. No incluyó la fiscalización sobre el precio porque la adquisición fue directa.
La subcontralora de Auditoría Externa de la Contraloría del Estado, Edith Suárez, informó a La Razón Digital que la auditoria fue concluida en diciembre de 2012 y que la fiscalización demoró porque la aeronave constantemente era utilizada para viajes presidenciales, lo que impedía –dijo- realizar de manera más rápida la inspección física.
Explicó que personal técnico de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) coadyuvó en el trabajo de la inspección, que tuvo por objetivo verificar que la aeronave cumple con las especificaciones técnicas requeridas por el Estado boliviano. El avión que compró el Estado, fue encargado en principio por el club inglés Manchester United, que al final desistió de la adquisición.
El parágrafo I del artículo 3 del decreto 466 de adquisición establece: Se “autoriza al Ministro de la Presidencia erogar la suma de $us38.700.000 (TREINTA Y OCHO MILLONES SETESCIENTOS mil 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por concepto de pago del avión presidencial”. La compra fue por excepción.
“La verificación cruzada del cumplimiento de especificaciones técnicas requeridas e indicadas en el anexo 8, 9,10, 111 (del decreto de compra) por parte del Dassault Aviation se concluye que la aeronave fue entregada de acuerdo a las especificaciones solicitadas en el documento”, explicó Suárez.
En cuanto al costo, señaló que sólo se verificó que se pagara lo establecido en la norma aprobada el 2 de abril del 2010. “El Ministerio de la Presidencia canceló 38.700.000 dólares de acuerdo a la cláusula quinta del acuerdo de compra. A la firma del contrato (se canceló) 7.740.000 dólares y a la fecha de recepción 30.960.000 dólares, haciendo un total de 38.700.000 dólares”.
El carácter excepcional de la adquisición implica que no se sujeta a los procedimientos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en lo relativo a licitaciones nacionales e internacionales.
“No se puede objetar el monto (pagado porque) ya está establecido en el Decreto Supremo. Si la entidad (del Estado) hubiera aplicado las Normas Básicas, en ese caso sí tiene que haber empresas proponentes que pueden ofertar precios diferentes, ahí sí hay un concurso de empresas, pero en este caso, en el decreto dice de qué empresa deben comprar y a qué monto”, explicó el inspector gerente de Auditoría Externa de la Contraloría, Santiago Maidana.
En 2010, el entonces ministro de la Presidencia, Óscar Coca, solicitó al contralor General del Estado, Gabriel Herbas, iniciar una auditoria a la compra del avión presidencial ante las denuncias de la oposición de sobreprecio e irregularidades en la compra.
El tipo de auditoría efectuada fue la especial. Este es un procedimiento que, según la norma, “consiste en la acumulación y en examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales y, si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública”, según explica parte del manual de normas de auditoría gubernamental.
