La Federación Boliviana de Seguridad Privada (Febosp) planteó ayer que el Estado permita que sus guardias porten armas de fuego, debido a que más de 20 resultaron heridos o muertos en los últimos seis años. El Gobierno rechazó la propuesta.
La petición fue formulada por Juan Carlos Carrillo, presidente de la Febosp —que agrupa a un centenar de empresas, que según sus propios datos emplean a 20 mil personas—, durante el IV Congreso Nacional de Seguridad Privada que se realizó ayer.
Sin embargo, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana informó que en 2001 la cantidad de empresas era de 30 y en 2012, 265, cifra más de dos veces mayor a la señalada por Febosp.
Alegato. Según la propuesta, los guardias privados sólo podrán hacer uso de armas de fuego en zonas de alto riesgo, es decir cuando resguarden entidades financieras, joyerías, comercios donde se mueve mucho dinero, y empresas que tienen almacenados productos de alto valor.
“Nuestros trabajadores necesitan portar armas de fuego en algunos lugares, y en eso tiene que trabajar el Gobierno. Sólo necesitan armas de uso simple. No estamos pidiendo armas para estar en las calles, sino para trabajar en zonas donde arriesgan la vida”, sostuvo el representante de la federación.
La petición va en contra de disposiciones expresas de la Ley de Seguridad Ciudadana y el anteproyecto de Ley de Armas en tratamiento en la Asamblea Legislativa, respondió el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
“La normativa no permite que grupos civiles porten armas. Primero, por razones de seguridad interna, que determina que el control monopólico corresponde a las Fuerzas Armadas y el registro a la Policía. Segundo, se puede encubrir el tráfico de armas, y tercero, el Estado no fomenta esto”, añadió.
Obligación. Para garantizar la seguridad de los empleados de las empresas de seguridad, el titular de la cartera de Gobierno dijo que ellos deben actuar en coordinación con la Policía y siempre bajo su mando. Carrillo enfatizó que Bolivia es el único América cuyos guardias privados continúan usando sólo el bastón y silbato.
“Lamentablemente tropezamos con la falta de atención de algunas autoridades que no se ponen de nuestro lado, no se preocupan en buscar normativas que beneficien el emprendimiento de las empresas”.
Según el artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, una empresa de seguridad privada tiene la función de desarrollar actividades preventivas de vigilancia y de alerta temprana, y debe operar en coordinación con la Policía.
