Para la presente gestión, la Central Obrera Boliviana presentó al Gobierno un pliego petitorio que incluía el pago de un salario mínimo nacional (SMN) de Bs 8.309,50; es decir, un incremento de más del 700% respecto a la gestión anterior. Una petición de tales características se presenta como una propuesta reivindicativa bastante tentadora, más aún cuando muchos nos vemos obligados a realizar verdaderos malabarismos con nuestros ingresos para llenar los platos de comida de nuestras familias.
Sin embargo, dar curso a un incremento de esta magnitud supondría un verdadero terremoto político, económico y social; puesto que el Estado no tiene posibilidades para hacerlo efectivo; y en caso de llevarlo adelante, le generaría graves problemas, como un mayor déficit fiscal y un costo adicional al TGN, que reduciría dramáticamente la inversión en programas y proyectos de beneficio común.
Este sombrío escenario, que contempla sólo el pago de salarios a los trabajadores asalariados del sector público, se complejiza cuando el Estado debe ver la sostenibilidad del referido incremento. Es decir, que el aumento no será para una sola gestión, será inflexible a futuro, y en ese sentido, el impacto negativo que se describe anteriormente adquirirá un carácter perenne y progresivo. De esta manera, tal incremento del SMN no sólo afectaría al Estado, sino también a numerosos sectores de la sociedad que desarrollan micro, pequeñas y medianas actividades comerciales, de producción, o servicios y que contratan trabajadores para cubrir sus requerimientos. Estos pequeños empleadores, al tener sobre sus espaldas una responsabilidad económica tan grande, cerrarán sus negocios o retirarán parte de su personal, pues demandarían obligaciones superiores a las ganancias.
Consecuentemente, con carácter inmediato tendríamos un despido masivo de trabajadores, juntamente con la quiebra o el endeudamiento de los pequeños empleadores que cesarían en sus actividades y tendrían que pagar elevados beneficios sociales e indemnizaciones. Por otra parte, los negocios y empresas que soporten el incremento salarial elevarían el precio de los bienes o servicios que ofertan, a fin de cubrir sus costos sin afectar sus ganancias. Así, el precio de los productos de la canasta familiar se incrementaría de manera considerable, ocasionando la consecuente insostenibilidad y el colapso de la economía del país.
Finalmente, al incrementar el SMN en la cuantía señalada, también se ampliaría la brecha entre la población trabajadora y las personas desempleadas, quienes serían desplazadas a la marginalidad, por lo que el incremento, lejos de mejorar la calidad de vida de los bolivianos, los sumiría más en una inestabilidad.
