Por estos días, Luis Arce Catacora recorrerá, quizás, por última vez, los pasillos del poder gubernamental. En su recorrido seguramente hará un balance de este lustro como gobernante. La llegada de Arce al gobierno supuso una esperanza, después de un año de interregno autoritario, la consigna fue “recuperar la democracia y la economía”. Además, en un contexto de una crisis sanitaria a raíz del COVID-19 que exigía de inmediatas medidas para controlar el brote de esta epidemia.
Si bien estos retos paulatinamente se fueron zanjando; sin embargo, aparecieron las grescas en las entrañas del MAS y, a la larga, se erigieron en factores tóxicos; no solamente contaminaron la propia gestión gubernamental, sino, al final, significó la hecatombe del MAS que significó, a la vez, la evaporación del proyecto denominado “proceso de cambio”.
Desde que el expresidente Evo Morales abrió un frente de batalla contra el presidente Luis Arce comenzó otra etapa de la gestión gubernamental. Por un lado, supuso el fraccionamiento de la bancada al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional que condujo a un gobierno dividido; o sea, a una ingobernabilidad.
Efectivamente, al perder el control de la Asamblea Legislativa, los arcistas se envolvieron en una crisis de gobernabilidad que, luego, se tradujo en un factor decisivo para obstaculizar los créditos internacionales necesarios para encarar la crisis económica, sobre todo, en un contexto complicado para la economía boliviana por la reducción de ingresos por la exportación del gas. En definitiva, la crisis económica traducida en la falta de dólares y gasolina carcomieron la legitimidad del gobierno de Arce.
El apetito desmedido de Morales de retornar al poder encontró en el gobierno de Arce su principal escollo para sus propósitos políticos/personales del exmandatario. La disputa por el control partidario del MAS se convirtió en otra de las manzanas de la discordia. A estos ataques, el presidente Arce careció de la capacidad política de administrar estas disputas que derivó inexorablemente en una batalla fratricida en las entrañas del partido oficialista.
La división de las organizaciones sociales entre evistas y arcistas se constituyó en un síntoma de la perversidad de esta conflictividad interna. Frente a los ataques evistas, la estrategia del gobierno de Arce fue la judicialización de la política. Esta estrategia fue perversa, inclusive para la propia democracia boliviana. Ciertamente, con esta estrategia inhabilitó al expresidente Morales optar a una nueva postulación presidencial sosteniendo un argumento polémico que la reelección en Bolivia es por “única vez” de forma continua o discontinua. En esta estrategia de judicialización del gobierno de Arce aceleró la denuncia en contra de Morales, acusado por “tráfico de personas”, que fue una estocada contra el exmandatario, haciendo que se refugiara en el Trópico cochabambino custodiado por sus bases sociales.
Esta trifulca al interior del MAS hizo que el gobierno de Arce se sumergiera en aguas turbias que obligó al presidente saliente a renunciar a su aspiración a la reelección presidencial, inclusive contando con la sigla del MAS.
El presidente Arce se envolvió en una telaraña de denuncias de corrupción contra su persona y su círculo familiar. Acusaciones relacionadas a su vida privada, al igual que sucedió con las de Morales, hay un hilo en común: el abuso de poder fue otro factor que contribuyó para el desgaste de la imagen política del MAS que se efectivizó en las elecciones presidenciales/parlamentarias que allanó el retorno de la derecha a la conducción de Bolivia.
Yuri Tórrez
es sociólogo.
