El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5484, que reglamenta la Ley 1670 de diferimiento de créditos para vivienda social y micro y pequeña empresa, promulgada el miércoles por el presidente Luis Arce.
La nueva norma establece que el beneficio se aplicará automáticamente durante seis meses, hasta el 6 de mayo de 2026, para todos los préstamos vigentes al 30 de junio de 2025.
De acuerdo con el decreto, las entidades financieras y de arrendamiento financiero deberán suspender el cobro de las cuotas correspondientes al capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos durante el periodo establecido. La medida alcanza tanto a los créditos de vivienda de interés social como a los otorgados a micro y pequeñas unidades productivas.
Diferimiento
Los prestatarios que deseen continuar pagando sus cuotas podrán hacerlo, siempre que manifiesten expresamente esa decisión ante sus entidades financieras por los canales habilitados.
El reglamento también alcanza a las compañías aseguradoras, que deberán diferir por el mismo periodo el pago de las primas de seguros de desgravamen hipotecario y de aquellos que respalden las garantías crediticias. Pese a la suspensión temporal de pago, la cobertura de las pólizas se mantendrá vigente, sin recargos, intereses ni pérdida de beneficios.
Además, el artículo cuarto del decreto garantiza que las condiciones originales del crédito no podrán ser modificadas durante el periodo de diferimiento, lo que implica que los contratos mantendrán sus tasas de interés y plazos iniciales.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) serán las encargadas de supervisar el cumplimiento de la ley y del decreto reglamentario.
La Ley 1670 fue promulgada con el argumento de “proteger los derechos fundamentales de los deudores” afectados por la crisis económica que atraviesa el país.
Sin embargo, distintos analistas y representantes del sistema financiero han advertido que su aplicación podría afectar la liquidez de las entidades y generar desequilibrios en el sistema crediticio si no se acompaña de medidas complementarias.
Inclusive, algunos diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la alianza Libre coincidieron en que se debe impulsar una norma para limitar la ley de diferimiento de créditos o, en el mejor de los casos, abrogarla. Consideran que, a la larga, los prestatarios se verán perjudicados por la medida.
