El canciller Rogelio Mayta afirmó que no hay necesidad de presentar a Estados Unidos una nueva solicitud de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), que está acusado de genocidio en Bolivia por la masacre de 2003 que dejó más de 60 muertos y cientos de heridos.
La autoridad recordó que hasta el momento Bolivia presentó dos solicitudes para la extradición de Goni: la primera en 2008 –que fue rechazada en 2012 “con algunas argumentaciones impertinentes del Departamento de Estado de los Estados Unidos”– y un segundo requerimiento en 2013, “con algunos ajustes”.
Ahora desde “2013 hasta la fecha el gobierno de Estados Unidos no ha aceptado ni rechazado (la nueva) solicitud de extradición, (por tanto) no hay necesidad de hacer otra solicitud; hay una solicitud de extradición que ya ha sido planteada al gobierno de Estados Unidos y éste no se ha pronunciado”, remarcó Mayta en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV.
Sin embargo, consideró que ese silencio del país norteamericano “puede interpretarse como (otro) rechazo”, aunque no sea de manera expresa.
En ese sentido, incluso, “en su momento me tocó realizar varios análisis con expertos estadounidenses en extradiciones y llegamos a la conclusión de que la extradición era viable legalmente, existe el fundamento como para que (…) se viabilice, pero también siempre llegábamos a establecer en ese análisis que en los hechos (eso) puede ser poco práctico porque son decisiones políticas que asume el gobierno de los Estados Unidos”.
Además, aseguró que hay una política de Estado de ese país donde “se silba aunque no se canta” porque “casi por regla no extradita a exautoridades que hayan sido cercanas a sus intereses”.
“Entonces, hay como un pacto de lealtades ahí que se ha visto en muchos otros casos, (por ejemplo) cuando personas que han cometido graves violaciones de derechos humanos luego terminan refugiándose en los Estados Unidos, como ha ocurrido con varios autores de violaciones de derechos humanos ocurridos en el periodo de dictaduras militares que tuvimos en Latinoamérica”, puntualizó.
Entretanto, el juez estadounidense James Cohn denegó el lunes la moción presentada por Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín dentro del proceso civil seguido en ese país por un grupo de víctimas de la masacre de 2003 y con ello se ratificó el veredicto dictado por un jurado para que los dos procesados los indemnicen con $us 10 millones.
