La Cámara Nacional de Industrias (CNI) se sumó al rechazo a la denominada ley de diferimiento de créditos y alertó que esa “medida unilateral” atenta contra “el desarrollo y el futuro económico de Bolivia”.
“Esta norma no representa un beneficio para el país; por el contrario, constituye un golpe directo al sistema financiero nacional”, dijo mediante un comunicado.
Y remarca que, lejos de fortalecer el sistema financiero, reduce su liquidez y limita su capacidad de otorgar créditos, “afectando a las empresas y familias bolivianas que dependen del financiamiento para invertir, producir y generar empleo”.
Asimismo, advierte de tres graves consecuencias con la implementación de esta medida:
- Debilita la economía real: Al restringir la fuente de crédito, se frena la inversión, la producción y el abastecimiento de los mercados, atentando contra el desarrollo y el futuro económico de Bolivia.
- Erosiona la cultura de pago: Premia la irresponsabilidad y castiga la solvencia, dañando una cultura de cumplimiento financiero que tomó décadas construir. Se transmite el mensaje equivocado de que las obligaciones pueden incumplirse sin consecuencias.
- Vulnera el principio de consenso: En un Estado de derecho las decisiones deben ser resultado del diálogo y la concertación con los actores directamente involucrados. Imponer normas de manera unilateral solo agrava la desconfianza y la incertidumbre.
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Desarrollo
La CNI se suma al reclamo de entidades financieras y otros gremios privados contra las “actuales autoridades, que, al término de su gestión, hayan inducido la aprobación de esta ley, en lugar de promover medidas responsables, equilibradas y sostenibles en beneficio de toda la población boliviana».
Además, la entidad reafirmó su compromiso con la estabilidad económica, la inversión productiva y el fortalecimiento del sistema financiero como pilares esenciales del desarrollo.
Este jueves, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5484, que reglamenta la Ley 1670 de diferimiento de créditos para vivienda social y micro y pequeña empresa, promulgada el miércoles por el presidente Luis Arce.
La nueva norma establece que el beneficio se aplicará automáticamente durante seis meses, hasta el 6 de mayo de 2026, para todos los préstamos vigentes al 30 de junio de 2025.
