Ecuador pasó de desdeñar los préstamos del FMI a sobrevivir gracias a ellos, y la protesta no tardó. El país que ardió en las calles en 2019 elegirá a un nuevo presidente a la expectativa de que se revise el pacto de austeridad con el ente financiero, sin hundir aún más la economía.
Ya sea que gane Andrés Arauz (izquierda) o Guillermo Lasso (derecha) en el balotaje del domingo, el futuro mandatario enfrentará la presión para suavizar los recortes ante el efecto devastador de la pandemia, sobre todo después de la protesta de hace dos años del movimiento indígena, decisivo ahora tras quedarse a las puertas de la segunda vuelta.
El país que dolarizó su economía hace dos décadas, precisamente a consecuencia de una crisis bancaria, terminó 2020 con una caída del 7,8% del PIB y aspira a retomar el rumbo con una expansión de hasta 3,5% al finalizar este año, según proyecciones oficiales.
Ante el escenario actual, «los dos candidatos plantean renegociar con el Fondo porque saben que necesitamos recursos y una de las opciones» es el organismo, señala el analista Alberto Acosta Burneo, del Grupo Spurrier. Sin embargo, «querrán establecer sus propias reglas».
Tanto Arauz como Lasso, el primero, delfín del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y el segundo, un histórico adversario, plantean ajustar lo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque el izquierdista pretende una revisión más amplia frente al único punto al que se opone su rival: la elevación del IVA de 12% a 15%, según anticiparon a la AFP.
Vencedor en la primera vuelta, Arauz domina la intención de voto aunque ninguna encuesta da por sentada su victoria este domingo.
Pero ni él ni Lasso agitan el fantasma de un nuevo incumplimiento internacional. Desde 1994 la pequeña nación petrolera ha caído en default de su deuda externa en tres ocasiones.
«Lo del Fondo Monetario no es solo financiamiento, es un paquete de ayuda a un país que ha demostrado incapacidad en manejar sosteniblemente la administración pública», anota Acosta Burneo.
El préstamo de la discordia
El FMI concedió en marzo de 2019 un crédito por $us 4.200 millones a Ecuador, que no fue desembolsado en su totalidad porque Quito incumplió condiciones. En septiembre de 2020, en medio de la pandemia, otorgó otro por 6.500 millones, que está en vigencia.
La deuda externa pública de Ecuador, con 17,4 millones de habitantes, creció de 26.897 millones de dólares (27% del PIB) en mayo de 2017 a 45.199 millones (45% del PIB) en enero pasado, de acuerdo al Banco Central.
El periodo corresponde al del gobierno saliente de Lenín Moreno, que alegó el despilfarro de Correa, su exaliado y antecesor, para endeudarse con el FMI y emitir bonos.
«Con o sin Fondo Monetario, en el futuro tienen que mejorar las finanzas públicas, que deberían ir al menos a un equilibrio fiscal», sostiene Pablo Lucio Paredes, economista de la Universidad San Francisco de Quito.
Durante la época de Correa, Ecuador desairó a la entidad con la que eventualmente tendrá que hablar su pupilo, e incluso llegó a retirar al personal del FMI de las oficinas que tenía en la sede del Banco Central, en Quito.
Correa se aferró en su defecto a China, que emergió como su principal prestamista. Pero los «chinos saben que Ecuador es muy mal pagador, que se despilfarró la plata de la bonanza petrolera en el correato y para asegurarse prestan dinero con muchas garantías», comentó Acosta Burneo.
Además de reglas de austeridad, el FMI impuso a Ecuador más impuestos, medidas anticorrupción, el aumento del IVA y una ley que dé independencia al Banco Central. El plan apunta igualmente a que el país reduzca hasta el 57% el peso de la deuda total sobre el PIB, incluida la interna, que asciende ahora a $us 63.885 millones (63% del PIB).
El programa de ajuste incluía la eliminación de los subsidios a los combustibles, lo que detonó la protesta indígena de 2019 que dejó once muertos y unos 1.300 heridos.
Moreno, que termina su mandato hundido en la impopularidad, debió dar marcha atrás, con lo que incumplió lo pactado, y ante la crisis pandémica el país está abocado a una renegociación del acuerdo.
«Nos gastamos la plata y poco o nada hicimos por mejorar la economía», señala Paredes, a pesar de que el gobierno defiende el ahorro de recursos «para la balanza de pagos y para el presupuesto del Estado», según lo dicho por el ministro de Economía, Mauricio Pozo.
De su lado el FMI, a través de su director para las Américas, Alejandro Werner, anticipó que «el Fondo siempre está abierto a modificar los programas».
Lo cierto es que el escenario «es bastante oscuro para un nuevo presidente», que heredará «un país devastado», remata Acosta Burneo.
