Los países de la Unión Europea (UE) que reciban ayudas del fondo de reactivación corren el riesgo de tener que aplicar reformas impopulares, un asunto arduamente discutido en Bruselas en vísperas de la presentación de los primeros planes nacionales.
El fondo, encarnación de la solidaridad europea ante la pandemia, dotado con 750.000 millones de euros (casi 900.000 millones de dólares), podría convertirse en una manzana de la discordia entre la Europa del sur, muy endeudada, y los denominados Estados «frugales» del norte.
El instrumento, alimentado por una mutualización de la deuda sin precedentes, debe financiar las inversiones de la transición verde y digital. Pero, para superar la oposición inicial de los denominados «frugales», adeptos del rigor fiscal, los beneficiarios tendrán que llevar a cabo reformas vigiladas.
En las últimas semanas, «la Comisión ha presionado a los Estados miembros para que emprendan más reformas», reconoce un diplomático europeo.
El acuerdo histórico, concluido en julio tras difíciles negociaciones, prevé que incluya en sus planes nacionales un calendario detallado de reformas reclamadas desde hace tiempo por la UE.
Entre dichas reformas se encuentran la del seguro de desempleo en Francia, la de las pensiones, aplazada a mejores tiempos; la reforma del mercado laboral en España; reducciones de gastos públicos en Italia, entre otros.
La mayoría de los países entregarán su plan para finales de abril. La Comisión tendrá dos meses para dar su luz verde, y el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, tendrá un mes para validarlos.
El ejecutivo europeo debe mostrar firmeza sobre las reformas. «Si no lo hace, algunos Estados criticarán arduamente los planes de otros», dice este diplomático.
A fecha de 10 de abril, 23 de los 27 países miembros habían presentado un proyecto provisional, pero ninguno la versión definitiva.
(11/04/2021)
