Desde una camioneta, Bernardino Sánchez, líder de una autodefensa campesina, lanza arengas que condensan el grito desesperado de Ayahualtempa, una comunidad del sur de México atrapada entre el abandono estatal y el acoso de narcotraficantes.
«Vivan las compañeras viudas, vivan los niños huérfanos, vivan los compañeros desplazados, vivan nuestros hermanos caídos», grita Sánchez mientras avanza por caminos de tierra de esta población del estado de Guerrero.
Le siguen una treintena de niños de seis a 12 años con rifles de madera o varas que simulan ser armas, luego de entrenar posiciones de combate en un polideportivo.
Cubriéndose el rostro con pañoletas, los menores responden con vivas a las proclamas de Sánchez y otros líderes de la policía comunitaria, un cuerpo legal creado para proteger a los moradores.
Desde hace algunos años, Ayahualtempa, de unos 1.000 habitantes, está en la mira de una banda conocida como «Los Ardillos» por hallarse en una zona clave para la producción y tráfico de goma de opio, materia prima de la heroína.
Los pobladores claman protección para detener los asesinatos, secuestros y desapariciones atribuidos a ese grupo, que, según ellos, busca extender sus actividades a esta comunidad dedicada al cultivo de frijol y maíz.
Al menos nueve lugareños han sido asesinados desde 2019, pero sus llamados no han tenido eco, denuncian. «Llevamos 15 meses desde que el gobierno se vino a comprometer aquí (…) a apoyar. Hasta el momento no hemos visto ningún apoyo», dijo Sánchez a la AFP.
Violencia y pobreza
Detrás de los niños caminan los adultos de la autodefensa con rifles y pistolas, en una escena ya mostrada un año atrás para llamar la atención del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
Los campesinos exigen ayudas para las víctimas de la violencia, además de aulas y maestros. «Queremos que el presidente venga y vea la comunidad», afirma Sánchez tras una práctica de tiro de jóvenes de 16 y 17 años, al tiempo que rechaza las críticas del mandatario cuando se conocieron las primeras imágenes de niños armados en 2020.
López Obrador tildó ese acto de «prepotente» y de «vergüenza». Guerrero es el tercer estado más violento de México. Allí ocurrieron 1.434 de los 34.552 homicidios registrados en el país en 2020 (27 por cada 100.000 habitantes).
También es el segundo con más pobreza, con el 66,5% de habitantes en esta condición. En ese marco y como parte de la autonomía de los pueblos indígenas, grupos como el de Sánchez han proliferado en Guerrero desde la década de los noventa y recientemente en el vecino Michoacán.
El presidente sostiene que la violencia y el empobrecimiento en este país de 126 millones de habitantes es fruto de la corrupción de sus antecesores, y que intenta resolver el problema con una inversión en programas sociales que superó los $us 14.000 millones de dólares en 2020.
