El Consejo de la Magistratura presentó este martes el Protocolo para Proteger la Independencia Judicial en Bolivia, un instrumento jurídico que establece mecanismos concretos para prevenir, denunciar y proteger a jueces y vocales frente a cualquier tipo de injerencia interna o externa que afecte su labor.
El documento dispone que su cumplimiento será obligatorio para todos los administradores de justicia y define los tipos de injerencia: externa, cuando proviene de autoridades, instituciones o particulares ajenos al Órgano Judicial, e interna, cuando se origina dentro del propio sistema judicial.
El protocolo obliga a rechazar y denunciar cualquier intento de presión mediante un formulario oficial ante la Unidad Nacional de Transparencia, en un plazo máximo de 48 horas. Asimismo, garantiza protección institucional para las autoridades afectadas, que incluye respaldo público, medidas de seguridad y acompañamiento institucional.
En caso de denuncia, se preservará la identidad del denunciante y se creará un registro estadístico nacional de injerencias con informes trimestrales públicos para fomentar la transparencia.
El documento también establece una coordinación interinstitucional con el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Policía Boliviana, con el fin de resguardar la seguridad de las autoridades judiciales.
Además, incorpora la formación obligatoria en independencia judicial y ética para juezas y jueces, a cargo de la Escuela de Jueces del Estado.
Según el Consejo de la Magistratura, el protocolo se sustenta en los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura (1985), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en los artículos 12, 13, 115, 178 y 193 de la Constitución Política del Estado.
El acto de presentación contó con la presencia de altas autoridades del sistema judicial, representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Fiscalía de Distrito, Comando Departamental de la Policía Boliviana, así como de organizaciones sociales y colectivos ciudadanos comprometidos con la defensa del estado de derecho.
