No son buenos tiempos para el gobierno de Luis Arce y el MAS: pequeños y grandes escándalos de corrupción afectan ya no solo a mandos medios o a personas lejanamente vinculadas con la gestión, sino también a miembros de su gabinete ministerial. El resultado es una suerte de profecía que se cumple a sí misma y que da sustento a los ataques de las oposiciones políticas.
La noche del martes, el ahora exministro de Desarrollo Rural y Tierras, y el ex director general de Desarrollo Rural fueron aprehendidos en pleno centro de la ciudad de La Paz al ser sorprendidos con $us 20.000 en efectivo, producto de un supuesto soborno por el saneamiento del fundo El Triunfo, en el departamento de Santa Cruz. No es el primer caso de corrupción en ese ministerio desde que comenzó la gestión, ni esa la única institución gubernamental con observaciones.
La previsible reacción opositora incluye, por supuesto, señalamientos en sentido de que la falta de transparencia y el aprovechamiento ilícito de los recursos públicos, cuando no del cargo, es la moralidad dominante en el Gobierno actual. Olvidan deliberadamente que la corrupción, el uso patrimonial de bienes del Estado y otras prácticas igual de despreciables han estado presentes en todos los gobiernos de las últimas décadas, sin excepción. Basta con recordar que en el gobierno transitorio de 2020, el último de los ministros de Economía se benefició irregularmente con la dotación de miles de hectáreas de tierra a nombre suyo y de su familia.
Desde el lado oficialista se reclama a los medios de comunicación por no dar el mismo destaque a los casos de corrupción que a las medidas adoptadas para sancionarlos. Olvidan estos oficiosos defensores de la imagen del Gobierno y sus autoridades que lo normal y deseable es que desde el Estado se luche contra la corrupción (para eso existe un Viceministerio, unidades de Transparencia en todas las unidades administrativas de los tres niveles gubernativos, así como cuerpos policiales y juzgados especializados), y que lo anormal, y por tanto inaceptable, es que ésta ocurra entre la gente de mayor jerarquía en la gestión.
Por otra parte, debe llamar poderosamente la atención el hecho de que en los pocos meses de gestión que lleva el actual Gobierno van dos ministros de Desarrollo Rural y Tierras defenestrados por presunta corrupción. Súmese a eso no pocas denuncias de tráfico de tierras en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que se conocen desde hace años y que se multiplican con el paso del tiempo.
No es aceptable, no puede serlo, que la ética se haya reducido a ser una simple palabra que pronuncian todas las bocas, pero que muy pocas personas están dispuestas a aplicar en su vida cotidiana y al trabajo que desempeñan en servicio del Estado y de la población boliviana. Se hace urgente, pues, el diseño y la implementación de políticas públicas orientadas a transformar la moralidad dominante en el sector público.
