El Gobierno decidió solicitar la ampliación del juicio en el caso “golpe de Estado” contra Jeanine Áñez; planteó incluir el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes por la forma cómo llegó la otrora senadora de minorías al poder.
El petitorio legal al que accedió a La Razón apela a la Ley 260, del Ministerio Público, para requerir de la comisión de fiscales del caso la ampliación de la imputación formal contra la exmandataria y, a su vez, una solicitud para que ponga a conocimiento del juez de control de garantías “a efectos de que la imputada ejerza su derecho a la defensa y al debido proceso” bajo la detención preventiva en curso de la imputada.
En diciembre del año pasado, la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty instauró un proceso judicial contra el expresidente del Comité pro Santa Cruz “Luis Fernando Camacho y otros”, en el que incluyó a Áñez y a varios de sus colaboradores. El caso, conocido como “golpe de Estado”, derivó en la aprehensión de la exmandataria y los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, el 13 de marzo en Trinidad, Beni.
Las tres exautoridades, bajo detención preventiva en cárceles de La Paz, fueron imputadas por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
Sin embargo, a instancias de Julisa Durán y Daniela Zabala, abogadas y apoderadas del Ministerio de Gobierno, la administración de Luis Arce requirio la ampliación del proceso contra Áñez por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, bajo el argumento de que la otrora senadora de Unidad Demócrata (UD) se atribuyó “ilegalmente” la sucesión constitucional en 2019 siendo segunda vicepresidenta del Senado, por minoría.
Entonces, presionado por unas cuestionadas elecciones, movilizaciones políticas, un motín policial y la petición de renuncia por parte de las Fuerzas Armadas, el presidente Evo Morales dimitió, como el vicepresidente Álvaro García y, en seguidilla, los titulares de las cámaras de Senadores, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda, además de otros directivos legislativos.
El documento fechado el 27 de abril describe los sucesos tras la renuncia de Morales y la posterior proclamación de Áñez.
Considera que la exsenadora incurrió en el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes al asumir funciones, primero en la Cámara de Senadores y luego en la Asamblea Legislativa, sin cumplir los procedimientos constitucionales y los reglamentos legislativos.
Además, observa la no consideración de las renuncias de Morales, García y los legisladores Salvatierra y Borda, entre otros, y la omisión reglamentaria de la conformación de las nuevas directivas de Senadores y Diputados.
Es más, afirma que Áñez no verificó quórum y que la reunión que citó no fue sesión, sino una “simulación” de sesiones.
Cuestiona también la interpretación de un comunicado del Tribunal Constitucional del 12 de noviembre de 2019, con el que Áñez basó su proclamación.
El 11 de noviembre, un día después de la renuncia de Morales, Áñez llegó a La Paz en un vuelo oficial desde Trinidad. Al llegar aseguró que al día siguiente iba a convocar a la consideración de las renuncias y, además, garantizar la presencia en las sesiones de la bancada mayoritaria del MAS.
Luego de reuniones de “concertación” y “pacificación” fuera de la Asamblea Legislativa, la tarde-noche del 12 de noviembre Áñez se proclamó sucesora de Morales sin sesión ni quórum ni presencia de los legisladores del MAS.
