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Diputada oficialista propone deportar a extranjeros que hablen mal de Panamá

Muchos temen que cualquier simple opinión o disputa callejera pueda terminar en una deportación, independientemente de la condición del migrante, que podría perder el empleo o verse obligado a separarse de su familia.

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Por AFP
Ciudad de Panamá / abril 28, 2021
en Mundo

Una diputada oficialista presentó una propuesta legislativa para expulsar por hasta 15 años a extranjeros que hablen mal de Panamá, en una norma que también busca dejar sin efecto una regularización masiva que benefició a miles de migrantes.

La iniciativa, impulsada por la diputada Zulay Rodríguez, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (socialdemócrata), pretende deportar a «aquellos extranjeros que manifiesten públicamente ofensas e insultos a la nacionalidad panameña», aunque no especifica el tipo de ofensas.

De aprobarse, las personas deportadas no podrán ingresar al país «en un lapso de diez a quince años», medida que puede llegar a ser indefinida si el sancionado la elude y permanece «clandestinamente» en el país o reingresa sin autorización.

Este proyecto «está cargado de odio, rencor y algunos salpiques de sentimiento xenofóbico», dijo el miércoles a la AFP el presidente de la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá (Arena), Rafael Rodríguez.

Muchos temen que cualquier simple opinión o disputa callejera pueda terminar en una deportación, independientemente de la condición del migrante, que podría perder el empleo o verse obligado a separarse de su familia.

«Si un extranjero dice que no le parece que las plantas o las flores de Panamá son las más bonitas o que no le gusta el sancocho [plato local] o tal comida, entonces hay ofensa y deportación», indicó Rafael Rodríguez.

Sin embargo, la diputada impulsora de la iniciativa alega que busca «presentar una reforma íntegra a la legislación migratoria» más «cónsona con la realidad» para «defender» al país y sus ciudadanos.

«No se trata de ser xenofóbicos», agregó la legisladora en su propuesta.

EN DEBATE EN LA ASAMBLEA

Desde 2008, Panamá, con 4,2 millones de habitantes, ha otorgado más de 180.000 permisos de residencia, de los cuales casi una cuarta parte fueron para venezolanos que huyen de la crisis social y económica.

Su presencia ha generado esporádicos conflictos con algunos panameños, que acusan a los extranjeros de «quitarles» el trabajo y burlarse del país que los acoge, denuncias que potencia la diputada Rodríguez durante sus intervenciones.

La iniciativa se encuentra en fase de discusión en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, donde la legisladora presentó este miércoles un informe sobre su proyecto a la Comisión de Gobierno del órgano legislativo.

«¡Ya basta! Ningún país es de fronteras abiertas. Nosotros nos debemos al pueblo panameño», dijo Zulay Rodríguez ante la Comisión, según un video subido en su cuenta de Instagram.

En esa grabación, insistió en la necesidad de «una reforma migratoria con orden y sin competencia desleal», y negó tener «coraje» contra los venezolanos, pese a que en anteriores ocasiones sus publicaciones en redes sociales han sido críticas sobre los migrantes de este país.

Aunque el proyecto es promovido por una legisladora del mismo partido político que el presidente Laurentino Cortizo, el gobierno ha optado por mantenerse al margen de la iniciativa.

«No habrá declaraciones por parte del Gobierno Nacional relacionadas con la propuesta de la Diputada Zulay Rodríguez. El Órgano Ejecutivo es respetuoso de la separación de los poderes del Estado», indicaron a la AFP las autoridades panameñas en un breve texto.

La propuesta también busca dejar sin efecto la regularización masiva de migrantes en años pasados. En esos procesos, las autoridades entregaron un carné temporal de dos años a extranjeros para que pudieran tramitar luego la residencia permanente.

De aprobarse, miles de extranjeros pueden quedar en un limbo jurídico.

«Consideramos que van a ser afectados más de 60.000 extranjeros», pese a que se «fajaron, sudaron y dieron su vida por este país», dijo Rafael Rodríguez.

La iniciativa también busca deportar a quien cometa delitos; cancela la residencia a migrantes que ejerzan profesiones que son exclusivas para panameños, y endurece las multas.

La situación ha provocado «incertidumbre» y que miles de personas «ya estén desesperadas», añadió Rafael Rodríguez, quien dijo que denunciará la propuesta ante organismos internacionales.

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