A fines de septiembre de 2020, La Razón y Extra denunciaron la incesante campaña de desprestigio en su contra, impulsada por medios de comunicación que publicaron afirmaciones y denuncias falsas por parte de políticos y algunos periodistas. A ello se sumaba la publicación tergiversada de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre la compra de esta empresa periodística.
“Por lo visto, todo lo anterior no bastó y los detractores de nuestros periódicos, al no obtener resultados con dichas mentiras… una vez más, pretenden afectar a La Razón y Extra, que se vieron afectados con la tergiversación de la realidad del contenido de un Informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas”, que entonces tenía como ministro a Óscar Ortiz, publicó este medio el 28 de septiembre de ese año.
El tema vuelve a cobrar importancia ya que la actual administración de la UIF denunció que la entidad, en el mandato transitorio de Jeanine Áñez (noviembre de 2019 a noviembre de 2020), se convirtió en un “brazo operativo de persecución política” de parte del ministro de Gobierno de entonces, Arturo Murillo, actualmente prófugo de la Justicia. Y según la denuncia, los informes “a pedido” eran parte de esta estrategia e inclusive se los empleaba para esa “persecución política”.
El informe de la UIF que intentó involucrar a La Razón y Extra fue publicado por Brújula Digital, medio dirigido por Raúl Peñaranda, el 22 de septiembre de ese año, y se lo presentó como un documento al que se accedió en exclusiva.
Al respecto, la directora general de la UIF, Ana María Morales, remarcó que cualquier caso o informe que está dentro de la institución y no haya sido remitido al Ministerio Público, no puede ser divulgado bajo ningún criterio, lo que puede ser sancionado penalmente. Y si es enviado a la Fiscalía, se convierte en público solo para notificar a los involucrados en un proceso.
Fernando Villarroel, abogado de la UIF, añadió que incluso cuando un informe pasa a manos del Ministerio Público, continúa bajo el manto de la reserva y la confidencialidad. “Ni siquiera la Fiscalía puede divulgarlo, solo utilizarlo como guía para su investigación. Sobre el fiscal pesa una obligación de protección de los derechos de los investigados. El informe no tendría que estar ni siquiera en el cuaderno de investigaciones, y tras ser usado, debe ser sellado y mantener su reserva al ser enviado en custodia”.
“El momento que nosotros liberamos un informe de inteligencia financiero patrimonial, debe ser tratado con la mayor reserva en el ámbito de la Fiscalía, considerando que el rol que debe cumplir este informe es guiar la investigación de la Policía y la Fiscalía, que deben hacer una reconstrucción de la información que hemos brindado, lo que se llama la judicialización de la información”, dijo ayer Morales en el programa Piedra, papel y tinta.
Y ante la consulta en el programa de streaming de La Razón sobre si hay responsabilidad penal si este material es divulgado vulnerando esa reserva, inclusive por parte de periodistas y medios de comunicación, Villarroel fue enfático: “Exactamente, es un delito. El manejo de informes de inteligencia de la UIF, puestos en conocimiento de autoridad competente, que son la Procuraduría, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, es bajo criterios de confidencialidad y reserva. Ese tratamiento conlleva que la revelación de esa información puede generar responsabilidad penal”.
