Al menos 38 manifestantes prodemocracia murieron el miércoles en Birmania a manos de las fuerzas de seguridad, que siguen usando munición real para reprimir estas protestas, en una espiral de violencia tras el golpe de Estado militar en el país.
La emisaria de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, instó a los miembros de la ONU a tomar «medidas muy duras».
«Tuve una discusión con el ejército y les advertí de que los Estados miembro y el Consejo de Seguridad podrían tomar medidas enormes y fuertes», declaró durante una rueda de prensa telemática.
La jornada del miércoles fue «la más sangrienta» registrada en Birmania desde el golpe de Estado del 1 de febrero, subrayó la emisaria.
Tras disparar gases lacrimógenos y balas de goma, las fuerzas de seguridad volvieron a recurrir a las armas de fuego para dispersar las concentraciones de opositores en Rangún, la capital económica, además de ciudades como Monywa, Mandalay o Myingyan.
«Tenemos ahora más de 50 muertos desde el comienzo del golpe de Estado y múltiples heridos», dijo la funcionaria desde Suiza, donde reside.
Cuando los periodistas le preguntaron sobre las condiciones impuestas por los militares para una posible visita suya a Birmania, que la ONU reclama desde hace un mes, Schraner respondió que le habían dicho que sería bienvenida, pero «no ahora», ya que antes debían resolver algunos problemas.
Estados Unidos «horrorizado» por la «atroz violencia» de los militares birmanos y advirtió que estudia «nuevas medidas» para que los militares «rindan cuentas».
«La democracia es nuestra causa»
Los videos difundidos en las redes sociales este miércoles muestran a jóvenes cubiertos de sangre, se escuchan detonaciones y manifestantes que gritan: «¡Nuestra revuelta debe triunfar!».
Con cortes de internet, un refuerzo del arsenal represivo y olas de detenciones, la junta militar está resuelta a asfixiar a sus detractores desde el golpe de Estado que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi.
Los birmanos siguen, pese a todo, saliendo a las calles para reclamar la marcha de los generales golpistas y la liberación de cientos de detenidos encarcelados en las últimas semanas.
La situación es muy tensa en Rangún, la capital económica, donde seis manifestantes perdieron la vida, según un socorrista y un periodista local.
En cuatro ciudades del centro muerieron al menos once manifestantes, incluyendo dos en Mandalay y siete en Monywa, según fuentes médicas.
La jornada del domingo también fue especialmente mortal con al menos 18 manifestantes fallecidos, según Naciones Unidas.
Una de las víctimas fue enterrada este miércoles. Cientos de personas cantaron «la democracia es nuestra causa» alrededor del ataúd cubierto con flores.
Seis periodistas acusados
La represión también continúa en el ámbito judicial.
Al expresidente de la República, Win Myint, que ya fue acusado de no respetar las restricciones vinculadas con la pandemia, se le acusa ahora de violar la Constitución, indicó a la AFP su abogado Khin Maung Zaw.
Aung San Suu Kyi, que continúa detenida en un lugar secreto, enfrenta cuatro cargos, entre ellos «incitación a desórdenes públicos».
Seis periodistas birmanos, entre ellos el fotógrafo de la agencia estadounidense The Associated Press (AP) Thein Zaw, fueron acusados de violar una ley de orden público recientemente modificada por la junta, según su abogado.
El texto abarca ahora a todo aquel que «cause miedo en la población, difunda información falsa (…) o incite a la desobediencia y a la deslealtad de los funcionarios», explicó.
Los seis hombres, que se enfrentan a hasta tres años de prisión, están en la tristemente célebre prisión de Insein, en Rangún, donde muchos presos políticos cumplieron largas condenas bajo anteriores dictaduras.
Confusión en la ONU
El ejército sigue ignorando las condenas internacionales.
Incluso el embajador birmano en Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, rompió con los generales la semana pasada, llamando a «poner fin al golpe de Estado».
Desde entonces, la junta designó a un sustituto, pero Kyaw Moe Tun asegura que sigue representando al país, un lío jurídico que deberá resolver la ONU.
El Consejo de Seguridad abordará de nuevo la situación en Birmania el viernes a petición del Reino Unido.
A principios de febrero, sus 15 miembros expresaron su inquietud en una declaración, pero sin condenar el golpe de Estado, ya que Pekín y Moscú, aliados tradicionales del ejército birmano, se oponían.
