La anulación de las condenas del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sacudió a Brasil y obligará a redistribuir las cartas en un país radicalizado por el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, quien ahora gana un rival de peso para las elecciones de 2022.
La decisión, anunciada el lunes por un juez de la corte suprema, suma una nueva variable a la grave crisis que atraviesa el país, con más de 266.000 muertos por la pandemia de coronavirus y un desempleo en sus máximos niveles históricos.
El expresidente de izquierda (2003-2010) no fue exonerado, ya que el magistrado determinó volver a juzgarlo en otro tribunal. Pero el fallo permite su vuelta al ruedo y este «va a polarizar las narrativas» políticas, afirma el analista Murillo de Aragao, de Arko Advice.
«Bolsonaro puede radicalizar su discurso y Lula puede decir que fue perseguido. Las narrativas ganarán tonos fuertes», explica.
«La presencia de Lula claramente dificultará los chances electorales de un candidato centrista», subrayó la consultora Eurasia Group.
Lula, de 75 años, participó en todas las elecciones desde la redemocratización en 1985, excepto en 2018, cuando superaba a Bolsonaro en las encuestas pero fue inhabilitado debido a la primera de sus dos condenas por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Bolsonaro se impuso en la segunda vuelta frente a Fernando Haddad, designado por Lula. La contienda dividió al país, entre los seguidores del izquierdista Partido de los Trabajadores (que gobernó durante trece años, con Lula y Dilma Rousseff) y sus detractores, que abrazaron la figura del excapitán del Ejército apoyado por iglesias pentecostales ultraconservadoras y los lobbies del agronegocio y la seguridad.
El domingo, un sondeo de la encuestadora Ipec reveló que Lula sería el único candidato con capital político superior al de Bolsonaro.
Aunque el estudio no los enfrentó en duelo directo, mostró que el expresidente cuenta con 50% de apoyo popular, frente a 38% de Bolsonaro.
Unir a la izquierda ¿misión imposible?
Aragao sostiene que uno de los desafíos más difíciles de Lula, si decide lanzarse a la arena electoral, sería el de «unir a la izquierda». «Actualmente esa unión no está clara», señala. Pocas horas antes de la anulación de los juicios contra Lula, el líder del Partido Democrático Trabalhista (PDT, centroizquierda), Ciro Gomes, tercero en las elecciones de 2018 con 12% de los votos, rechazó tajantemente apoyar su eventual candidatura: «No cuenten conmigo para ese circo», declaró.
El líder del Partido Socialismo y Libertad (Psol), Guilherme Boulos, consideró en cambio este lunes que «el momento es demasiado grave como para priorizar debates sobre protagonismos».
Pero «si la oposición llega [a 2022] con cuatro o cinco candidatos, corre el riesgo de no ir a la segunda vuelta. Yo voy a trabajar por la unidad», agregó.
Bolsonaro reaccionó con una cautela poco habitual al anuncio de que Lula, contra quien profesa públicamente un odio visceral, podría convertirse en la mayor amenaza para su reelección en octubre de 2022.
«Creo que el pueblo de Brasil no va a querer un candidato de esos en 2022, mucho menos su posible reelección», dijo en Brasilia. Cuestionado sobre si temía medirse con Lula, titubeó.
«Me gustaría enfrentar a cualquiera con un sistema electoral que pudiese ser auditado. En este caso el voto impreso junto a una urna electrónica y no solo el voto electrónico», declaró, retomando sus críticas contra el actual sistema de urnas electrónicas, por sospechar que hubo manipulaciones que le impidieron imponerse en la primera vuelta.
Pero la decisión del juez Edson Fachin tiene otras implicaciones fuera de la reorganización de jugadores en el tablero político.
«Muchas personas entenderán que la corte suprema está favoreciendo la impunidad y otras dirán que está reconociendo la inocencia de Lula, pero no se trata de una cosa ni de otra», afirma Michael Mohallem, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas.
Mohallem advierte que el Supremo Tribunal Federal (STF) puede convertirse en un escenario de debate sobre Lula en los próximos días, lo que desgastaría a la institución, que «tiene un papel fundamental en contener al presidente Bolsonaro, quien pone en riesgo la democracia brasileña».
(09/03/2021)
