El ministro de Justicia, Iván Lima, consideró este martes que el exlíder cívico Luis Fernando Camacho debe tener un “tratamiento diferente” en el proceso penal por el supuesto “golpe de Estado” de 2019 porque ahora es un gobernador electo de Santa Cruz e incluso instó a los jueces actuar con prudencia porque este proceso no puede ser motivo de una “conflagración” en Bolivia.
“En el caso del señor Camacho, él actualmente es gobernador (electo) de Santa Cruz y si bien hay una denuncia en contra de él, esta denuncia no puede ser el motivo de una conflagración en el país; el derecho penal y los jueces deben ser prudentes en las acciones que realizan”, dijo Lima en una entrevista con La Razón Radio.
Sin embargo, aclaró de manera enfática que esta situación no significa dar privilegios a unos con respeto a otros o que haya ciudadanos de primera y de segunda categoría.
Pero, “por ejemplo, un presidente debe ser juzgado en caso de corte, un ministro debe declarar por escrito y un gobernador tiene que tener un tratamiento diferente al resto de los ciudadanos y probablemente sea necesario que la Fiscalía (de La Paz) se traslade a Santa Cruz o que un fiscal de Santa Cruz le tome la declaración (a Camacho)”, insistió.
La autoridad gubernamental subrayó que se debe realizar una actuación enmarcada en el “debido proceso” que no exacerbe los ánimos ni de Santa Cruz ni de los movimientos políticos en general.
“Pero lo que no puede ocurrir es que él no sea llamado al proceso, que él no brinde su testimonio, porque su declaración en este caso es fundamental; la participación de Luis Fernando Camacho en todos los hechos que han ocurrido y su responsabilidad eventual debe ser objeto de un debido proceso y lo que va a hacer el Gobierno es garantizar su debido proceso”, ratificó.
Camacho fue uno de los principales actores de las protestas de 2019 que provocaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales después de que una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que “hubo manipulación dolosa” en las elecciones de octubre de ese mismo año.
El lunes, tras el encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Áñez y otras exautoridades por ese caso denominado “golpe de Estado”, se reactivaron masivas protestas de ciudadanos en las principales ciudades del país, como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz cuestionando la administración judicial y denunciando una presunta “persecución política”.
Sin embargo, “no necesitamos que la población nos recuerde que hay que respetar el debido proceso y hacer justicia (porque) es un pedido en el cual tenemos la misma sintonía con todas las movilizaciones realizadas el día de ayer”, señaló Lima.
Además, el Ministro dijo que han tomado una “buena decisión” el Ministerio Publico y la denunciante del caso (la exdiputada Lidia Patty) en “bajar la intensidad de la persecución penal” durante el proceso electoral para luego retomar inmediatamente con las recientes detenciones tras los comicios subnacionales del 7 de marzo.
