La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a Bolivia a instaurar justicia, debido proceso y reparación integral a víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante la crisis poselectoral de 2019, y llamó a instaurar un «proceso nacional de diálogo y reconciliación».
El comunicado del organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) coincide con la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus colaboradores, y la reacción política y cívica que emerge por el caso en el país.
“La CIDH urge a Bolivia a actuar en estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia y debido proceso, a fin de garantizar la reparación integral de las víctimas y sus familiares en relación con las graves violaciones a los derechos humanos”, señala el comunicado de la CIDH publicado este martes.
En la introducción de su texto, la CIDH hace mención a la crisis política de 2019 y recuerda que “ha sido enfática en su llamado al Estado a investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia y graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante los sucesos en el marco de la crisis, así como a garantizar la reparación de las víctimas”.
Sobre el actual conflicto político surgido a raíz de la detención de Áñez y sus otrora ministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, la CIDH informó que “tomó conocimiento de la emisión y ejecución de órdenes de aprehensión”, además de las denuncias de los involucrados de ser “víctimas de persecución” y de no haber sido notificada.
“Al respecto, la información aportada por el Estado da cuenta que las personas detenidas recibieron asistencia oportuna del Servicio Nacional de la Defensa Pública y, según lo documentado, han renunciado al auxilio jurídico estatal por contar con representación técnica de su confianza, conservando su derecho de ser auxiliados por personal de la Defensa Pública”, señala la CIDH.
Sin embargo, sin perjuicio de esas acciones, la CIDH recomendó que las actuaciones judiciales “deben realizarse con irrestricto apego a los estándares interamericanos relativos a las garantías judiciales, protección judicial y acceso a la justicia”.
Además, advierte que en Bolivia existe “la recurrencia de denuncias de actos y patrones de persecución judicial de opositores políticos, en distintas administraciones del gobierno del Estado, mediante la utilización, precisamente, de los tipos penales de sedición y terrorismo, entre otros”.
Áñez y sus colaboradores fueron denunciados por presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración. En noviembre de 2019, el expresidente Evo Morales también fue acusado de terrorismo en la causa abierta en su contra debido a una comunicación telefónica en la que presuntamente llamaba a cercar ciudades y cerrar el paso de alimentos.
“En ese sentido, la CIDH reitera que ciertas leyes nacionales de antiterrorismo violan el principio de legalidad porque, entre otros, incluyen una definición exhaustiva del terrorismo que, inevitablemente, resulta excesivamente amplia e imprecisa”.
Con esos antecedentes, la Comisión llamó “a que se conduzca, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo y reconciliación con el objetivo de desactivar las tensiones y hostilidades latentes”.
Inmediatamente después de la aprehensión y detención de Áñez se han activado en el país protestas cívicas en algunas regiones del país. Anoche, en un mitin en el Cristo Redentor de Santa Cruz, el Comité pro Santa Cruz, exigió la liberación de los tres detenidos.
Tenemos la “receta para destituir y corretear a un cobarde”, advirtió su presidente, Rómulo Calvo.
Entretanto, el expresidente de esa entidad y ahora gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que fue principal protagonista en la crisis poselectoral de 2019, arengó: “¡Terminemos lo que empezamos!”.
