DIBUJO LIBRE
El análisis político exige metodológicamente saber determinar los factores de poder, su composición y los espacios en los cuales genera incidencia y desequilibrios. Los procesos eleccionarios de 18 de octubre y 7 de marzo pasados tuvieron la característica de ser comicios de excepción. La ruptura institucional con desenlace final el 10 de noviembre de 2019 abrió paso a la instalación de un gobierno no constitucional.
El relato y la narrativa que aún sostienen quienes prestaron sus nombres para generar acciones propias de un golpe de Estado, hoy insisten en buscar impunidad a través de palabras discursivas cada vez más ahogadas en la incredulidad de ellos mismos y que buscaron solapar el hecho en lo que llamaron “sucesión constitucional”. La recuperación de la institucionalidad democrática comenzó el 24 de noviembre del mismo 2019. Aquel día se promulgó la “Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales”. La construcción de un régimen normativo de excepcionalidad fundamenta el hecho inequívoco de que la secuencia constitucional se vio interrumpida y había que reconstruirla por medio de un nuevo rebalanceo del poder y la legitimidad otorgada por la voluntad popular.
La elección de autoridades subnacionales cierra la reconstrucción institucional democrática y de legitimidades, y expresa, a su vez, nuevas proporcionalidades de poder y controles territoriales, todos ellos imprescindibles en la intención de dimensionar el escenario de los nuevos espacios de poder en Bolivia. Un poder nacional y otro territorial que en la era gubernamental posgolpe es preciso advertir para establecer escenarios de gobernabilidad y de posibles reintentos rupturistas.
Conocidos los resultados, es oportuno también categorizar la composición del poder territorial que emerge del último proceso electoral. Sobre esa idea, dos formas de entender la democracia se han instalado en diversos espacios de poder: autoridades electas con características rupturistas y aquellos quienes ejercen una acción dialógica en la política. Ser rupturista implica una inocultable contradicción entre las evocaciones discursivas, señalándose como un convencido demócrata y verse delatado por conductas de marcada inconsistencia valorativa y de desconsideración a la institucionalidad y la secuencia constitucional. Esto es, en los hechos, una solapada y permanente intencionalidad de interrumpir los tiempos constitucionales. La conducta dialógica en cambio, reconoce la vía de la estructuración de consensos a partir de las divergencias de pensamiento. Son maneras de lento ejercicio político, de procesos a momentos muy extendidos y en ocasiones fracasados, pero de disposición invaluable como ejercicio democrático en la construcción de Sociedad y Estado.
En la lógica fuertemente rupturista, se han impuestos tres candidaturas que se instalarán en la Gobernación de Santa Cruz y en los municipios de La Paz y Cochabamba. El poder político se asienta de manera determinante en las gobernaciones, no así en los municipios, que, sin dejar de ser trascendentes, se ven reducidos a enclaves territoriales circundados por otras entidades semejantes a ellos e insertos en un espacio mayor que es el departamental. Las excepciones emergen en cuanto estos expresan continuidad territorial que encadena a varios municipios y les confiere un poder político fundado en las capacidades de movilización y de acción política, hecho que no siempre suele estar presente, pero que sí se manifiesta con particular intensidad en el departamento de Santa Cruz. La oposición territorial en las entidades esencialmente políticas, esto es gobernaciones, ha configurado una cartografía de poder donde la tendencia rupturista está focalizada y centralizada en el departamento de Santa Cruz. A partir de allí, las otras gobernaciones que asisten a segunda vuelta electoral y que suman a las obtenidas por el movimiento popular de Bolivia son claramente de tendencia dialógica. Chuquisaca y Pando, son gobernaciones donde los candidatos que enfrentan al MAS tienen una tradición de vida política en lo nacional popular. El candidato a gobernador en Tarija por la opositora ALIANZA, se ha caracterizado por una línea amplia de sociedades políticas y una versatilidad que lo aleja de las expresiones extremistas.
El MAS se ha impuesto en seis departamentos, en otros quedará habilitado para la segunda vuelta. En todo el país cuando no es primero es segundo, pero las asambleas departamentales ya han definido sus proporcionalidades y establecidos sus espacios de poder. En este contexto, la oposición radical y con intencionalidades de expansión de liderazgo está contenida. Sus aliados naturales no son otras gobernaciones, sino municipios que están contrapesados por gobernaciones y municipios con extensión y continuidad territorial. Cochabamba y La Paz presentaron candidaturas defensoras del quiebre institucional de 2019, donde su retórica en aquellos eventos angustiosos fue exacerbar la racialidad como argumento político. Hoy estos son los aliados naturales de la línea rupturista.
El país no ha resuelto aún la histórica polaridad política y social, un cisma que se resquebrajó abismalmente a consecuencia de la ruptura institucional y las acciones perseguidoras del gobierno no constitucional. Los procesos electorales han generado nuevas legitimidades, tras de ellas los sectores de oposición radical y rupturista del orden institucional advierten con el uso de metodologías aprendidas y en su creencia posibles y hasta legítimas: narrativas discursivas, modulación mediática, movilizaciones, indignación popular/urbana e intentos de desplazar el orden y el mandato constitucional.
Pacto Fiscal, Federalismo y Vacunas son los ejes de fundamentación discursiva que alista el rupturismo. Las áreas de influencia política y territorial ya están delimitadas. La derecha desconsiderada con la democracia popular va reorganizándose para emprender algo que le es muy personal: la ruptura del mandato constitucional.
(*) Jorge Richter es politólogo, actual Vocero presidencial
