Una jueza peruana declaró infundado este jueves el pedido de 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra, en el marco de una investigación fiscal por corrupción mientras era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014.
«Se resuelve declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva presentado por la Fiscalía y se impone al procesado Martin Vizcarra medidas de comparecencia con restricciones», dijo la jueza María de los Ángeles Álvarez al final de una audiencia por videoconferencia.
El fiscal Germán Juárez había solicitado detener a Vizcarra alegando que existe riesgo de fuga y obstaculización de la investigación, mientras avanza la pesquisa. El caso se abrió en octubre de 2020.
La jueza justificó su fallo al descartar que exista riesgo de fuga y de abandono del país, como alertó la Fiscalía.
Entre las medidas impuestas figura el pago de una caución de 27.000 dólares, prohibición de salir de Lima sin permiso judicial, así como de declarar a la prensa sobre la investigación en curso.
«Quiero agradecer a los millones de peruanos que creen en mí y me han respaldado. Ahora regresaremos con mas fuerza a nuestra actividad política. Seguimos en campaña electoral», dijo Vizcarra a periodistas tras conocer la decisión, en alusión a las elecciones generales del 11 de abril, en las que se postula como legislador.
La magistrada del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de delitos de corrupción de funcionarios ratificó una orden cautelar de impedimento de salida del país, hasta mayo de 2022.
El fiscal anunció que apelará, mientras que la defensa de Vizcarra señaló su conformidad.
Dos días de audiencias
La decisión se anunció al final de una audiencia que se extendió por dos días, realizada por videoconferencia debido a la pandemia.
Más temprano, el expresidente (2018-2020) había insistido en su inocencia frente a las acusaciones de corrupción y prometió que no abandonaría el país, durante su alegato final.
«Confío en que usted señora jueza resolverá con autonomía e independencia este caso, lejos de presiones políticas y avalanchas mediáticas», dijo Vizcarra.
El exmandatario es señalado de recibir sobornos de empresas a cambio de otorgar dos obras públicas cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014), y el fiscal Juárez estimó que una eventual condena en un juicio «no bajaría de los 33 años» de cárcel. El expresidente niega los cargos.
Los montos de los supuestos sobornos alcanzarían 621.000 dólares, según medios locales.
Por este caso, el Congreso lo destituyó el 9 de noviembre en un juicio político relámpago, que desató violentas protestas con saldo de dos muertos y una crisis institucional en plena pandemia. En el lapso de 10 días, Perú tuvo tres presidentes.
¿Asilo en Bolivia?
El exmandatario negó afirmaciones de la Fiscalía acerca de una supuesta búsqueda de refugio en Bolivia, y alega ser víctima de un intento de sacarlo de carrera electoral, en momentos en que postula a un escaño en las legislativas del 11 de abril.
La Fiscalía abona la tesis de que Vizcarra planea fugarse a Bolivia porque conoce al presidente Luis Arce desde la época en que el peruano era gobernador en Moquegua y el dirigente boliviano era ministro de Evo Morales.
«Para una prisión preventiva tiene que haber peligro de fuga. Si mis documentos están en poder de la Fiscalía, los pasaportes los tiene la Fiscalía, tengo arraigo. Qué mayor arraigo es que estoy postulando al Congreso», respondió Vizcarra.
El exmandatario, muy popular en su gobierno por haber emprendido una cruzada contra la corrupción que aqueja a Perú, es el más reciente de los dirigentes políticos del país envuelto en problemas legales.
Su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, cumple prisión preventiva por 36 meses en su domicilio desde abril de 2019 tras ser salpicado por el escándalo de corrupción de Odebrecht.
