Tras presentar un informe oral a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, ratificó este viernes que todas las víctimas de las “masacres” de Sacaba y Senkata, ocurridas durante el conflicto poselectoral de 2019, perdieron la vida por impactos de bala.
“A través del informe del IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses), nosotros tenemos informes contundentes de que todas las víctimas han fallecido por impactos de bala y esto queda claro”, remarcó el representante del Ministerio Público.
En ese sentido, también anticipó que ahora pedirá que la Dirección del IDIF presente de manera detallada y científica todo el trabajo de la investigación pericial que ha desarrollado tanto en Senkata como en Sacaba.
Además, nosotros ya “hemos prestado el informe detallado sobre el avance de cada uno de estos casos; hemos mostrado físicamente la cantidad de la actividad procesal que hemos desarrollado hasta el momento y todas las gestiones que se han desarrollado”, señaló Lanchipa, a tiempo de subrayar que se trabajará “para que no quede ningún hecho en la impunidad”.
De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, en los conflictos poselectorales de 2019 murieron 37 personas en Betanzos (Potosí), Norte Integrado (Santa Cruz), zona Sur de La Paz, Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto). De ese total, 27 fallecieron por impacto de bala.
Con el fin de atenuar la crisis social luego de la renuncia de Evo Morales, la entonces presidenta transitoria Jeanine Áñez promulgó el 14 de noviembre el Decreto Supremo 4078, que permitió a las fuerzas de seguridad actuar bajo inmunidad penal.
La comisión mixta de la Asamblea Legislativa, que investigó los hechos, también estableció, con base en informes del IDIF, que las muertes fueron causadas por impacto de bala.
Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas conjuntas, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, y, al contrario culpó a los movilizados de haberse matado entre sí. Y el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, afirmó que en ambos hechos el Ejército no utilizó ni un solo cartucho.
En un primer informe sobre los sucesos del 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, y del 19 de noviembre, en Senkata, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que lo que ocurrió en ambas intervenciones fueron masacres.
Por esos hechos, la Asamblea Legislativa anterior sugirió el procesamiento de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez por delitos de genocidio, asesinato e incumplimiento de deberes, entre otros delitos. Además, acusó a los 11 ministros que firmaron el decreto y a los entonces jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.
