Aunque aún deben realizarse cuatro balotajes departamentales para gobernaciones, ya es posible hacer un primer balance del proceso electoral subnacional. El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ha logrado, nuevamente, administrar de manera solvente los comicios subnacionales y, sobre todo, ha logrado evadir las presiones políticas que podían haber erosionado su credibilidad.
Con frecuencia se critica la ineficiencia y las falencias de las instituciones públicas en Bolivia, pero no se valora lo suficiente cuando éstas funcionan y producen resultados. Eso, por supuesto, no significa dejar de observar aquello que queda por mejorar en el futuro.
Considerando el traumático desenlace de los comicios presidenciales de octubre de 2019, hay que resaltar lo logrado por las autoridades y funcionarios del OEP en este último año. Esa entidad ha tenido, primero, que administrar las elecciones nacionales más complicadas y polarizadas del último tiempo, y posteriormente unos comicios subnacionales de gran complejidad logística y que no estuvieron exentos de tensiones y situaciones que tuvieron que ser administradas con serenidad y autoridad.
Sin mucho ruido, el domingo pasado concluyó el cómputo de todos los procesos de elección de autoridades departamentales y municipales, sin grandes conflictos, pese a la existencia de contiendas con resultados muy estrechos. En algunos casos, hubo candidatos que ganaron o perdieron por un puñado de votos, situaciones siempre difíciles de gestionar, pero las mismas fueron mayormente asumidas y respetadas por los partidos.
A lo largo del proceso se había hablado mucho sobre la capacidad de las autoridades electorales para mantenerse por encima de las pasiones de los contendores. Los hechos avalan esa actitud: moros y cristianos ganaron y perdieron en buena ley. Escenario no tan obvio considerando situaciones que el Tribunal Supremo Electoral debió resolver, en medio de presiones y movilizaciones, como las relacionadas con la (in)habilitación de candidatos hasta la última semana, uno que otro hecho de violencia provocado por las pasiones locales y algún amago de reclamo de fraude, sin pruebas, por candidatos perdedores. En ese contexto, los tribunales persistieron en su moroso trabajo, acabaron el conteo y no cedieron a las provocaciones.
Por supuesto, hay aún mucho por perfeccionar y resolver, desde el necesario conteo rápido que permita que sean las autoridades competentes las que aporten certidumbres a la opinión pública sobre el resultado de la contienda y no empresas privadas hasta una urgente modernización de la normativa electoral que la despoje de algunos excesos y procedimientos que complican el trabajo de los tribunales. Los resultados están ahí y podemos sentirnos satisfechos de la recuperación de esta estratégica institucionalidad para nuestra democracia.
