El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, reveló que las 92.430 dosis de la firma estadounidense Pfizer para el país están en duda, ya que el laboratorio exige la firma de una cláusula por la cual el Estado se haga cargo de cualquier indemnización que surja por demandas de personas inoculadas con esta vacuna.
En una entrevista con La Razón Radio, la autoridad gubernamental indicó que esta condición, que surgió de improvisto, frena la llegada de las dosis programadas para fines de este mes. No obstante, se llevarán a cabo reuniones que definirán esta semana si se oficializa el arribo del lote que debe ser provisto al país por el mecanismo COVAX.
La cláusula apunta a que el Estado boliviano se haga cargo de cualquier indemnización ante la demanda de personas que resulten con algunos problemas por la inoculación con la vacuna Pfizer, una exigencia con la cual han tropezado otros países. Pero Blanco dijo que COVAX abrió las puertas a reemplazar esas dosis con las de otro laboratorio.
El domingo llegaron las primeras 228.000 vacunas que el mecanismo dotó al país, de la compañía AstraZeneca, las cuales subirá a 672.000 hasta abril, de un total de 5 millones para este año. Con esta entrega, la campaña de vacunación en Bolivia ya se aplica con tres tipos de dosis: la rusa Sputnik V, la china Sinopharm y la británica Astrazeneca.
Bolivia se alista para impulsar de lleno la inoculación masiva contra el COVID-19, desde abril. Con las 228.000 vacunas AstraZeneca que arribaron el domingo, que no estaban programadas, se pretende “priorizar” a otros grupos vulnerables, según las exigencias de la emergencia sanitaria, indicó el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza.
