En la crisis poselectoral de 2019, la Unión Europea (UE) jugó un papel gravitante, desde la observación de las elecciones, su rol en la conformación del gobierno sustituto, la “recuperación de la democracia” y la validación del criterio de “fraude” instalado por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En las últimas semanas, a raíz del encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Áñez, la opinión pública y los actores políticos se concentraron en un franco debate sobre si hubo “golpe de Estado” y “fraude electoral” o no en 2019.
A través de su entonces representante, el español León de la Torre, la UE lideró las negociaciones y los acuerdos en distintas fases del conflicto. El 17 de noviembre de ese año, el diplomático informó de su participación en la construcción de acuerdos para la convocatoria a nuevas elecciones y la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Entonces, en una comparecencia con los periodistas en la plaza Murillo de La Paz, fue consultado acerca de si hubo o no fraude en las elecciones del 20 de octubre. “Lo ha dicho la OEA, que ha tenido una misión de observación desplegada en todo el territorio”, afirmó en relación al informe preliminar del organismo multilateral que había establecido “graves irregularidades” en el proceso electoral.
“Yo creo que el reporte de la OEA es muy claro”, insistió De la Torre.
La UE había colaborado entonces con la misión de observadores de la OEA y en las posteriores negociaciones para la “pacificación” del país. “Vamos a hacer un esfuerzo especial para acompañar al país para recuperar y consolidar la democracia”, afirmó entonces el representante de la UE.
A más de un año de aquellos sucesos, que terminaron con la renuncia de Evo Morales y la proclamación de la otrora senadora de minorías Jeanine Áñez previo a un paro cívico de 21 días, un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial planteada por las Fuerzas Armadas, el Gobierno cuestionó el papel de entonces de la UE y de De la Torre.
La UE participó de las negociaciones políticas en la Universidad Católica de La Paz, fuera de la Asamblea Legislativa, para la sucesión de Áñez.
En sendas entrevistas con el ‘streaming’ Piedra, Papel y Tinta de La Razón, la exdiputada del MAS Susana Rivero, a la sazón titular de la Cámara de Diputados ante la renuncia de Víctor Borda, y Teresa Morales cuestionaron el papel del funcionario europeo.
Incluso Rivero contó que De la Torre presionaba para apurar los acuerdos y la instalación de la Asamblea Legislativa para el acto de sucesión, que al final no ocurrió: Áñez se proclamó presidenta sin sesión, sin resolución legislativa alguna, sin quorum ni asistencia de la mayoría parlamentaria del MAS.
Incluso contó que De La Torre llegó “desesperado” a la residencia de la Embajada de México, donde se encontraban Rivero y Adriana Salvatierra, para llevarlas hasta la Asamblea Legislativa el martes 12 de noviembre. “No puedo salir hasta hablar con toda la bancada (…) no vamos a salir hoy… y, bueno, se fue, y ya en la tarde vimos en la televisión que Áñez solita se puso la banda con los militares; o sea, ese era el plan B”, relató Rivero.
Según reveló, el “plan B” lo advirtió el jefe de Unidad Nacional (UE), Samuel Doria Medina, ante la posibilidad de alejar al MAS de las negociaciones. “Bueno, apúrense a hablar con su bancada porque con ustedes o sin ustedes tenemos un plan B”, recordó Rivero lo que dijo el también empresario, quien hasta ahora no se expresó sobre esa revelación.
Áñez ya se sabía sucesora desde la noche misma de la renuncia del mandatario, el 10 de noviembre, cuando habló con los medios de información desde Trinidad. El 11, ante la convulsión desatada en las calles de La Paz y el país, a través de un video la senadora —como “presidenta del Senado”, dijo— conminó a las Fuerzas Armadas a plegarse a la Policía Boliviana en el control de las protestas.
En una entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, el vocero presidencial, Jorge Richter, cuestionó el papel del representante de la UE. “La participación del entonces representante de la UE se encontraba bastante desequilibrada en el sentido de que buscaba rápidamente alcanzar una solución de cambio presidencial”, dijo.
“La mirada que tiene el Gobierno sobre aquella participación (de la UE) no es de un agrado completo, porque propició que el Bolivia se pueda instalar un gobierno no constitucional”, insistió Richter.
El 15 de marzo de este año, la UE emitió un comunicado en el que deslindó sus responsabilidades respecto de las alusiones. “En 2019 y 2020, la Unión Europea participó en apoyo a tareas de mediación bajo el liderazgo de la Conferencia Episcopal y junto con las Naciones Unidas. La mediación contribuyó a evitar más enfrentamiento, abrió puertas a la pacificación del país y permitió los acuerdos que llevaron a la realización de elecciones transparentes en las que fue elegido el nuevo gobierno nacional”, señala el texto.
Áñez guarda detención preventiva por seis meses en la cárcel de Miraflores de La Paz. En su condición de exsenadora, es acusada por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración a instancias de la exdiputada del MAS Lidia Patty, quien instaló el proceso contra “Luis Fernando Camacho y otros”, en referencia a la crisis poselectoral de 2019 y la consiguiente cuestionada sucesión de Áñez.
Además de Áñez, están implicados otros nueve colaboradores de la exmandataria, entre ellos los exministros de Energía Rodrigo Guzmán y de Justicia Álvaro Coímbra, también bajo detención preventiva en la cárcel San Pedro de La Paz.
