No es desconocido que las ciudades fronterizas del país tienen como fuente principal de ingresos el comercio y los servicios asociados a la importación y exportación de bienes de consumo y alimentos; tampoco lo es que el grueso de ese comercio corresponde al contrabando. La pandemia por el COVID-19 y las múltiples complicaciones que implica han empeorado esa situación.
Es frecuente que las personas piensen, cuando se habla de contrabando, en las extensas rutas en el Altiplano y las peligrosas maniobras que ejecutan avezados contrabandistas que internan automóviles, ropa y electrodomésticos desde Chile, casi ignorando que cosas muy similares ocurren en los pasos fronterizos ubicados en los cuatro puntos cardinales.
Un extenso reportaje publicado ayer en LA RAZÓN revela la compleja situación que se vive en Yacuiba y en San José de Pocitos, el paso fronterizo por donde diariamente ingresa el llamado “contrabando hormiga”, que a pesar de su nombre implica que cada día se introducen al país toneladas de alimentos y bebidas de fabricación argentina que, al igual que los productos de origen brasileño, debido a la crisis económica son considerablemente más baratos que los producidos en Bolivia.
Súmese al atractivo que la devaluación de las monedas argentina y brasileña implican para los importadores, sean legales o no, la cantidad de personas que quedaron desempleadas a causa de la crisis sanitaria mundial y que han decidido probar suerte en el negocio de los “bagalleros”, que transportan la mercadería en pequeños carros de mano a cambio de un pago más bien exiguo. Se calcula que en Yacuiba a fines de 2019 había alrededor de 100 personas dedicadas a este trabajo cada día y que hoy son al menos 700.
Esta situación, también, ayuda a comprender por qué es tan difícil disponer sin más el cierre de las fronteras: mucha gente, ya golpeada por la crisis emergente de la pandemia y las restricciones que obligó a imponer, no aceptaría que le quiten su nueva fuente de ingreso, sin importar si es o no legal; añádase la presión que podrían imponer los verdaderos dueños del comercio transfronterizo y la imposibilidad de ejercer un verdadero control a la frenética actividad de los bagalleros, prácticamente durante las 24 horas del día.
La situación es probablemente igual en el resto de la muy extensa frontera que une Bolivia con Brasil, y con Paraguay y Perú: Bolivia pierde cotidianamente la guerra con el contrabando debido a múltiples factores y no solo a la debilidad estructural para resguardar las fronteras de éste y otros comercios ilícitos.
En el camino la industria nacional resulta severamente dañada, y sin importar las buenas intenciones que pudiera tener el Gobierno se hace difícil imaginar una salida viable. Urge que junto con más y mejores medidas anticontrabando se ejecuten también algunas que ayuden a la gente a preferir lo que se produce en el país.
