Para financiar su ambicioso plan de infraestructura, el presidente Joe Biden quiere subir el impuesto a las empresas, una medida criticada en el sector empresarial pero que no debería afectar demasiado a firmas que se beneficiaron de fuertes rebajas de impuestos durante la era Trump.
Biden propondrá el miércoles invertir unos 2 billones de dólares en ocho años en transporte, industria y redes de internet para mejorar la competitividad del país.
Y cuenta con las empresas para financiar esta iniciativa general, con un alza de impuestos a la renta empresarial de 21% a 28%.
Su predecesor, Donald Trump, bajó ese impuesto de 35% a 21%.
Igualmente, las empresas siempre pagaron por debajo de la tasa oficial, según un reciente estudio difundido por una comisión del Congreso que mostró que antes de la reforma de Trump los pagos llegaban a 16% y luego quedaron en 8%.
Un impuesto a la renta empresarial de 28% seguiría contando entre los niveles más bajos desde la Segunda Guerra Mundial.
Este mecanismo impositivo vigente desde 2009 en Estados Unidos, llegó a ubicarse en 52,80% en 1968 para luego bajar sin pausa, salvo en 1993 cuando, al inicio del mandato de Bill Clinton, subió de 34% a 35%.
La cota que maneja la Casa Blanca ubicaría a Estados Unidos en uno de los niveles más altos en la OCDE luego de Francia y Colombia (32%), Australia, México y Portugal (30%).
Disconformidad
Algunos grupos empresariales ya manifestaron su disconformidad con la idea.
La Cámara de Comercio estadounidense estimó que las propuestas para financiar el plan de infraestructura están «peligrosamente mal orientadas» y señaló que un alza de impuestos bajará el ritmo de la reactivación «y hará a Estados Unidos menos competitivo».
La organización Business Roundtable, que reúne a las mayores empresas del país, señaló que se opone «con fuerza» a toda alza de impuestos y abogó por un modelo en el que los gastos sean financiados por los usuarios de la infraestructura, una alternativa que no privilegia el gobierno aunque fue evocada la semana pasada por su ministro de Transportes, Pete Buttigieg.
El Ejecutivo espera desalentar la deslocalización de producción y empleos y la evasión fiscal al imponer además una tasa mínima de 21% sobre los ingresos de empresas en el exterior.
También plantea eliminar subsidios a las industrias del petróleo y el gas.
Este conjunto de medidas impositivas debería permitir, según la Casa Blanca, que el plan se pague en 15 años.
Para Dean Baker, economista del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR), el alza del impuesto a la renta empresarial «no es un salto a lo desconocido». «Las reducciones de impuestos de Trump no están vigentes hace décadas», matizó.
Entre otras cosas, esas medidas de la anterior administración debían acompañarse de un aumento importante de las inversiones de las empresas, que no ocurrió, añadió.
«Las multinacionales y sus accionistas se beneficiarán de una mejora de la infraestructura, actualmente en declive», observó Chuck Marr, especialista tributario del Centro para las Prioridades Presupuestales y Políticas (CBPP).
«Volver atrás sobre la fuerte baja de impuestos decidida por Donald Trump para financiar grandes proyectos es un buen negocio para la economía», señaló este experto, que puso como ejemplo positivo los gastos previstos para la investigación en semiconductores, componentes cuya escasez afecta a los fabricantes de autos en Estados Unidos.
El incremento de impuestos podría afectar las inversiones de empresas extranjeras, que podrían volcarse hacia otros países, reconoce Thornton Matheson del Centro de Políticas Fiscales Urban-Brookings.
Pero Estados Unidos «sigue siendo una gran economía dinámica que puede soportar una tasa impositiva media algo más elevada que países más pequeños», resumió.
