Uno de los hombres de confianza del excívico y electo gobernador cruceño Luis Fernando Camacho regentó el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez declararon la prescripción de deudas al Estado de “empresas muy importantes”, por lo que se iniciará procesos penales y administrativos.
“Declararon prescritas algunas deudas tributarias de empresas muy importantes que, en verdad, no correspondía. Se perdonó impuestos pero de manera ilegal e incorrecta y hoy hay procesos penales”, aseguró el presidente del SIN, Mario Cazón, en el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón y Extra.
Apuntó al expresidente del SIN Mario Nava, quien juró al cargo el 25 de noviembre de 2019 bajo la administración de Áñez. Dijo que por la información que recibió, Nava y otros funcionarios “entraban y salían a la hora que deseaban de Impuestos Nacionales, particularmente a la gerencia Distrital 1 y a la gerencia de Graco en La Paz, ocurría lo mismo en otros departamentos”.
Según Cazón, Nava tenía nexos con el excívico Camacho, quien lideró las protestas que sumadas al motín policial, denuncias de fraude y “sugerencia” militar de dimisión acabaron con la renuncia del expresidente Evo Morales.
“Quien entró de Presidente, en reemplazo de mi persona, fue este señor Mario Nava que ha sido pues el gerente financiero y el gerente prácticamente tributarista de la empresa de Nacional Seguros que es de propiedad de Luis Fernando Camacho, así que hemos hecho las investigaciones dentro de la administración y han hecho muchas irregularidades y que en el marco de la norma nosotros estamos investigando y por su puesto vamos a iniciar las denuncias o los procesos administrativos que correspondan”, anunció.
El 23 de julio de 2020, Nava fue removido del cargo y en su lugar juró Alfredo Troche. Según Cazón, en la gestión de la exautoridad existieron casos de corrupción, irregularidades y “exacción”, sobre todo en la Gerencia Distrital 1 de La Paz, donde aún hay procesos penales abiertos e incluso hubo gente detenida.
De acuerdo con Cazón, la gente que ingresó al SIN no tenía criterio técnico para su administración y solo se dedicaron a “hacer algunos arreglos respecto a sus empresas o amigos”.
“Estamos haciendo las denuncias, hay procesos en la justicia ordinaria e internamente hay varios trámites de auditoría interna y transparencia; no estamos haciendo persecución (…) Queremos que se investigue y estamos investigando en el marco de la norma y será el juez, la investigación, que diga si hay delitos, todo en el marco del debido proceso y la justicia”, afirmó.
