Tras las primeras dos semanas de gestión del Gobierno, aumenta la presión de sectores que piden que entre en vigencia, de manera inmediata, la denominada Ley de Diferimiento de Créditos, actualmente paralizada a la espera de un pronunciamiento judicial.
La presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Helen Rivero, informó que este martes se reunirán en La Paz gremiales, transportistas, cuentapropistas, choferes y microempresarios para definir una resolución conjunta y asumir medidas de presión ante lo que consideran una postura del Órgano Ejecutivo “a favor de la banca privada”.
“No podemos esperar una semana más. La ley es de estricto cumplimiento y se debe poner en vigencia ya”, afirmó Rivero, cuestionando que el Gobierno mantenga en suspenso la medida mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) define si el procedimiento seguido en su aprobación fue o no regular.
Ley
La Ley de Diferimiento fue promulgada por el entonces presidente Luis Arce, estableciendo un alivio financiero para prestatarios desde diciembre de 2025 hasta mayo de 2026. El proyecto de ley se justificó por la crisis económica que paralizó el movimiento económico de varias actividades y sectores.
Sin embargo, la norma quedó paralizada después de que asociaciones del sistema financiero presentaran medidas cautelares ante la justicia constitucional. De acuerdo con Rivero, los prestatarios ya se encontraban cursando sus notas correspondientes, pero todo quedó en nada.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, confirmó la semana pasada que la vigencia de la ley dependerá del fallo del TCP, pues existen observaciones al proceso legislativo con el que fue aprobada.
Desde la Central Obrera Boliviana (COB) advirtieron la anterior semana que si el Gobierno no pone en vigencia la norma, quedará demostrado que defiende los intereses de la banca privada. Por el momento, ninguna autoridad volvió a referirse sobre el tema.
Según Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, 1,4 millones de personas serían beneficiadas con la entrada en vigencia de la ley de diferimiento.
Mientras tanto, la protesta se expande. Una comitiva de prestatarios de Santa Cruz, encabezada por Silvia Pacasi, llegó este lunes a La Paz para instalar un mitin frente al Gobierno. Pacasi acusó a las autoridades de “proteger los intereses bancarios” y desatender la situación de miles de familias cuyo ingreso cayó por el encarecimiento de productos y la desaceleración económica.
