El jueves 28 por la tarde finalmente llegaron al país las primeras vacunas contra el COVID-19. Arribaron 20 mil dosis de la rusa Sputnik V, no 6 mil como se había anunciado. El jueves 28 también, la jornada cerraba con 2.652 nuevos casos de contagio en el día; era uno de los picos de enero, pues desde al menos el 13 los casos empezaron a contarse por sobre los dos mil; la mayor cantidad de contagios en un día ocurrió el miércoles 27, con 2.866 casos. Aparte de los nuevos casos, un tema que preocupa es la cantidad de decesos por COVID-19: el jueves 28, con 59 fallecidos, se confirmaba la tendencia a rondar la media centena diaria.
Desde el 5 de enero, cuando el exministro de Economía de Jeanine Áñez Óscar Ortiz planteara al órgano electoral postergar las elecciones 60 días, entre los partidos en carrera a las elecciones del 7 de marzo, se ha instalado el debate sobre si hay o no que posponer. En todo caso, el propio viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, el miércoles 27 declaró que tres de cuatro proyecciones fijaron febrero como el mes del pico más alto del actual rebrote.
En entrevista con este medio, el vocero presidencial Jorge Richter aseveró que habiendo sido la primera acción gubernamental la masificación de las pruebas, en el número de nuevos casos detectados también hay que ver la mayor cantidad de dichos testeos.
“En la medida en que tengamos mayor cantidad de pruebas, por supuesto que vamos a detectar mayor número de gente en situación de contagio, los números tienen que subir, porque antes toda esa prevalencia oculta, ahora va siendo gradualmente identificada”, señaló Richter.
La “prevalencia oculta” del pasado, los casos positivos no registrados por los servicios de salud a falta, precisamente, de pruebas. Dicha prevalencia, reveló Richter a la prensa el lunes 25, en 2020 llegó a 103%, lo que significa que los casos por COVID-19 por entonces fueron el doble de lo oficialmente reconocido.
CONTENCIÓN
Comentando el mensaje del presidente Luis Arce en el Día del Estado Plurinacional (22 de enero), Richter remarca que en cuanto al COVID-19, el Mandatario insistió en que el imperativo del Gobierno son las llamadas “acciones estructurales de contención de la pandemia”, en dos grandes líneas: la atención temprana y la vacuna. “Lo estructural pasa finalmente por la vacunación y pasa por una atención temprana cuando se contrae la enfermedad. Esto el Presidente lo quiso dejar claro, que todos los días la preocupación está en poder contener la enfermedad pero de forma estructural”.
En cuanto a la atención temprana, sin duda el punto de partida es la masificación de las pruebas; con ello, destaca el vocero, lo que se pretende es “que se pueda tener cifras que se aproximen a la realidad”, pero con el fin naturalmente de “intervenir” en el acto en cuanto se detecte el mal. “Tener intervenciones en medicamentos, atención oportuna y rápida, y aislamiento, ya sea en centros de recuperación o en los domicilios”.
Ahora, en la práctica, la atención temprana tiene que ver con gobernaciones y municipios. La semana pasada, relata Richter, se trabajó con estas instancias a fin de compartir la responsabilidad. “Las pruebas diagnósticas, por ejemplo, deben realizarse masivamente en el nivel municipal, a través del primero y segundo nivel de atención médica. Hay un conjunto de responsabilidades que son de los municipios y de las gobernaciones y que en coordinación con el Gobierno central, que provee insumos, deben empezar a funcionar rápidamente para que este plan se pueda aplicar como ha sido diseñado y podamos tener los resultados que esperamos; esto es, conocer una importante cantidad de gente que está en contagio, y atenderla y aislarla rápidamente”.
Al respecto, también esta semana la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, reveló a los medios que tras una evaluación hecha por la institución, se vio que en general la atención primaria aún tiene problemas para la atención inicial al COVID-19.
“Lo que vemos es que aún no se tienen habilitados los primeros niveles para prevención y atención de los pacientes con COVID-19; no cuentan con las condiciones y la población no está accediendo a estos centros, y uno de los efectos principales (de aquello) es el abarrotamiento o saturación de los hospitales públicos y de seguridad social”.
En el caso de las clínicas privadas, reclama la Defensora, “al igual que en la gestión 2020 han generado un lucro excesivo y un condicionamiento a la población para acceder a los servicios”. Al respecto, el Ministerio de Saluda ya emitió la regulación respectiva de precios tope que pueden cobrar los centros de salud privados.
Hay una responsabilidad del estado para fortalecer los servicios públicos de salud, insiste la Defensora, “lo que hemos visto es que durante 2020 no ha existido aquello, no hubo laboratorios, ampliación de unidades de terapia intensiva o unidades especiales para atención del COVID-19: en este momento, el Estado tiene un año de desventaja para poder fortalecer de una manera rápida”.
VACUNAS
En lo relativo a las vacunas, el gobierno oficializó que en total habrá la disponibilidad de 15.796.953 dosis para una población “en edad de vacunar” de 7.180.433 personas, toda vez que la vacuna comprende dos dosis.
La administración de las vacunas está prevista en dos grandes etapas. Primero a la población calificada de “mayor vulnerabilidad”, entre los que están: el personal de salud comprendido entre 18 y 59 años de edad, personas con enfermedad de base (18 a 59 años) y todas las personas mayores de 60 años o más. Este rango de gente de primera atención suma 2.688.745 personas, el 37%. (Ver cuadro adjunto).
Luego, vendrá la segunda etapa para la “población sin factor de riesgo, entre 15 y 59 años”, “maestros, comerciantes, empleados públicos, municipales, transportistas, policías, militares y otros” (presentación gubernamental), misma que suma 4.491.688 personas, 63%.
De la población que podrá acceder a la vacuna, naturalmente los departamentos que reúnen la mayor parte son los del eje, 72% del total, sólo Santa Cruz y La Paz reúnen a casi dos millones cada uno.
El vocero Richter precisó que hay dos formas en que se está logrando obtener las vacunas, mediante la compra bilateral directa de los laboratorios que producen el inyectable, y a través del mecanismo Covax (sistema de promovido por la Organización Mundial de la Salud para promover la distribución gratuita de vacunas, que busca el acceso equitativo a las mismas por parte de todos los países).
Mientras las vacunas Covax para Bolivia suman 5,1 millones de dosis, “el paquete de compras bilaterales constituye, por un lado, 5,2 millones del laboratorio Gamaleya, la vacuna rusa Sputnik V, y 5 millones del laboratorio AstraZeneca de la universidad de Oxford, Inglaterra”. En cuanto a la forma de llegada al país de las vacunas, el vocero adelantó a La Razón que la totalidad de las 15.8 millones de dosis arribarán hasta julio. Empezó este jueves, con 20 mil dosis de la Sputnik V.
“Luego, contractualmente tenemos: Gamaleya entrega 1,7 millones hasta fines de marzo, (otro tanto) hasta fines de abril y (y otro) hasta fines de mayo, tres entregas. AstraZeneca tenemos cuatro entregas, empezando en abril, en mayo, junio y julio. En el plan Covax no tenemos fecha comunicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la entrega de las vacunas; se tiene estimado que esto pueda ocurrir entre la primera y segunda semana de abril”, precisó el vocero presidencial.
Este viernes, el Gobierno informó que la distribución y vigilancia de la administración de la vacuna estará a cargo del Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias, una entidad conformada por representantes de 11 ministerios.
Este Consejo es parte del proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria que en medio de la oposición política y de médicos aprobó el viernes la Cámara de Diputados.
En la exposición de motivos del proyecto a que accedió este medio se señala que la norma se hace necesaria para “la adopción de medidas rápidas, eficaces y urgentes con la finalidad de prevenir no únicamente el recrudecimiento de la situación epidemiológica actual, sino el acaecimiento de situaciones similares” en el futuro.
El proyecto, de 36 artículos y varias disposiciones transitorias, dispone que uno de sus objetos es que el ministro de Salud pueda “adoptar las medidas previstas en la presente ley cuando así lo exijan razones sanitarias”.
El capítulo II crea el citado Consejo como una “instancia consultiva y decisoria” para articular y coordinar las políticas públicas de emergencia sanitaria. Conforman el consejo representantes de los ministerios de la Presidencia, Salud, Economía, Gobierno, Defensa, Justicia, Planificación, Obras Públicas, Hidrocarburos, Relaciones Exteriores y Desarrollo Productivo.
SECRETARÍA
Algo que no se difundió lo suficiente es que este consejo cuenta con una Secretaría Técnica (en los hechos la que verdaderamente gestiona todo lo decidido), que será el Viceministerio de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional dependiente del Ministerio de Salud.
En las “medidas en salud”, se dispone que los laboratorios nacionales y las importadoras presenten a la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) las listas de precios máximos de venta de medicamentos y dispositivos médicos. La Agemed aprobará y publicará dichas listas.
El artículo 19 dispone que “durante el tiempo de vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, no podrán ser interrumpidos los servicios del sistema nacional de salud como consecuencias de paros, huelgas, protestas, jornadas académicas u otras análogas”.
Contra esta disposición ya se reveló el Colegio Médico de La Paz, que, informó el viernes su presidente Luis Larrea, iba a realizar un paro de 24 horas contra la medida.
Se anticipa la posibilidad de pedir el aislamiento sanitario a quienes lleguen del exterior, aunque esto aún es objeto de análisis de reglamento.
El artículo 22 señala que el ministerio del ramo podrá “ejercer las competencias en materia de Salud” de la respectiva entidad subnacional, cuando vea que ésta haya sido rebasada en su capacidad de respuesta.
PROTESTAS
Y el artículo que despertó nuevamente la ira de los galenos, el 28, llegando a decir Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz: “Lo tienen que saber los universitarios, porque hay otro artículo que indica, con nombre y apellido y dice ‘se va contratar a los médicos extranjeros que no cumplan requisitos; un poco más, te van hacer atender con los que ellos quieran…” (Radio Panamericana, el viernes por la mañana.
El “polémico” artículo, aprobado en la tarde dice: “El Ministerio de Salud en el marco de la declaratoria de la emergencia sanitaria podrá simplificar los requisitos y procedimientos para la contratación de personal médico, de enfermería y técnicos de salud, quedando habilitado a contratar profesionales médicos que hubieran concluido sus estudios en Bolivia o el extranjero, estudiantes de medicina y médicos jubilados”.
Las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), que al final del tratamiento de la ley en Diputados abandonaron la sesión, también habían rechazado los artículos referidos a la confidencialidad, de darse el caso, en los contratos de bienes, obras o servicios.
En cuanto a las sanciones que se puedan aplicar a los infractores de la ley, la nueva norma difiere de los decretos que en el mismo ámbito impuso el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Si en la regulación del gobierno interino se establecía una sanción penal contra el infractor (pudiendo recibir hasta diez años de cárcel), en la norma aprobada por Diputados, dichas sanciones son en dinero, servicio social y aislamiento sanitario, “no pudiendo imponer detención física de una persona, incautaciones o decomiso de sus bienes”.
(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón
