Un total de 70 personas, entre familiares de fallecidos, heridos y presos de la “masacre” de Senkata, la mañana de este lunes comenzaron a dar testimonios y relatos ante los cinco expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) en la iglesia de San Francisco de Asís del distrito 8 de El Alto, informó a La Razón el encargado de Derechos Humanos y representante de los afectados, David Inca.
El GIEI-Bolivia comenzó en noviembre del año pasado su trabajo en el marco del acuerdo suscrito el 12 de diciembre de 2019 por la CIDH y el Estado boliviano para “coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos”.
“El año pasado se hizo presente el grupo de expertos aquí en la parroquia, pero fue de manera general. Entonces se quedó que en el mes de enero comenzaríamos a trabajar con testimonios y relatos individuales, pero dos de los profesionales se enfermaron con COVID-19 y por eso las entrevistas fueron retomadas recién hoy”, explicó Inca.
Afirmó que este lunes se tienen marcados de 5 a 8 testimonios y llegar hasta 50 en una semana. Luego se efectuará una pausa hasta el 22 de febrero, para concluir el 24 de febrero.
“Son más de 70 personas las que serán entrevistadas y hasta el viernes no vamos a acabar con todos, así que GIEI hará un pausa el viernes y retomará (su trabajo) del 22 hasta el 24 de este febrero para la investigación de lo ocurrido en Senkata”, puntualizó.
Las conclusiones serán entregadas en mayo o junio a la Cancillería de Bolivia. Y, según dijo Inca, si se comprueban los delitos de lesa humanidad, torturas y vulneraciones a los Derechos Humanos durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, se presentará la denuncia ante el Ministerio Público para que se realicen los juicios penales respectivos.
“Entonces nosotros también estamos en un cuarto intermedio para que el Gobierno exija el juicio de responsabilidades, porque el protocolo que se ha firmado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA es de cumplimiento obligatorio y vinculante, una vez que se presenten las conclusiones”, explicó.
El GIEI se instaló el 23 de noviembre en La Paz, retomó su trabajo en enero y tiene como objetivo elaborar planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales ocurridas en noviembre de 2019.
También realiza un análisis técnico, con recomendaciones para un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos investigados, con entrevistas a familiares y víctimas de la zona Sur de La Paz, Sacaba (Cochabamba), Montero (Santa Cruz) y hoy se comenzó a tomar los testimonios en Senkata (Distrito 8-El Alto). (08/02/2021)
