Según los economistas Omar Velasco, Jorge Akamine y el especialista en derecho tributario Mauricio Vizcarra, las medidas económicas anunciadas por el Gobierno este martes, envían señales importantes, pero no son decisivas frente a la crisis económica por la que atraviesa el país.
Deudas atrasadas
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que el Estado comenzará a cancelar deudas atrasadas (algunas desde 2023) y que se priorizará a proveedores pequeños, compras de combustibles, medicamentos y pagos sociales. El ejecutivo reveló que identificaron más de Bs 7.000 millones en obligaciones pendientes.
Para Velasco, señaló que parte de esa deuda atrasada viene también que el propio ministerio frenó pagos desde su designación.
“Normalmente llegan unos 320 pagos por día al Tesoro, pero el ministro decidió no pagar hasta entender la situación del país. En dos semanas se han debido acumular unos 3.500 pagos pendientes”, señaló en Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
Según Akamine, esta medida no afecta directamente a la población, pero sí se traduce en un efecto sistémico. En su criterio, se habla Bs 12.000 millones “que no están llegando a las diferentes empresas, a los entes económicos, y por lo tanto no se está dando esta distribución del ingreso”.
Velasco cuestionó que los recursos para pagar las deudas salgan de créditos del Banco Central. Consultado por esta afirmación, Viscarra planteó que se podría reducir la cantidad de impuestos, pero ampliar el universo de contribuyentes. “De ahí que puedes migrar a otro tipo de impuestos muy especiales, como el impuesto a servicios digitales”, explicó.
Eliminación de impuestos
La segunda medida tiene que ver con la eliminación de cuatro impuestos: Grandes Fortunas, el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), impuesto al juego y promociones empresariales. Según el ejecutivo no representan ni el 1% de la recaudación y generaban distorsiones.
Viscarra calificó la medida como una señal hacia el sector empresarial formal. Sin embargo, sostuvo que la supresión de estos impuestos, por sí sola, “no necesariamente traen inversión extranjera”.
Por su parte, Akamine añadió que la eliminación de los impuestos podría mejorar la confianza del sector empresarial y de quienes operan con dólares. Reiteró que la inversión no regresará “solo con señales”. Respecto a su impacto, señaló que “creaban esa distorsión perversa, que obviamente te hacía pensar dos veces antes de poder entrar a alguna actividad que era grabada por estos impuestos”.
Al contrario, Velasco recordó que el Gobierno no “eliminó” nada todavía, pues la decisión depende de la Asamblea. Explicó que la reducción de ingresos exigirá más deuda o un ajuste más fuerte, lo que puede ir en sentido contrario al plan de ordenar las finanzas.
“Aparentemente, estas medidas que se han anunciado no están, en realidad, focalizadas en sectores económicos populares. Son medidas, yo creo, que muy muy bien trabajadas para algunos sectores”, criticó.
PGE 2026
La tercera medida es la modificación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026. Espinoza anunció que se está solicitando a la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados la devolución del proyecto de ley del PGE para modificarlo.
El anuncio generó consenso entre los economistas. Para los tres, el ajuste es inevitable, pero podría ser tardío y difícil de ejecutar.
Velasco recordó que la Ley 2042 ya permite modificar presupuestos sin necesidad de plazos especiales, por lo que el Gobierno no necesitaba esperar una devolución legislativa. Criticó la expectativa de querer hacer un recorte que ronda el 30% del gasto público, lo que equivale al 4% o 5% del Producto Interno bruto (PIB) y que esto, no le “alcanzaría” al gobierno para alcanzar la meta propuesta.
En su criterio, el Ejecutivo está postergando decisiones difíciles que tienen que ver con la escasez de dólares, de combustibles y del incremento de precios en la canasta familiar.
Akamine, en cambio, señaló que un recorte de esa magnitud es posible, pero requiere ajustes masivos en inversión pública, programas estatales, gasto administrativo y propaganda. Aun así, enfatizó que reducir ministerios o despedir personal no alcanza.
“Tendríamos que revisar y tener listado de repente todo lo que es el Estado porque el presupuesto no solamente está vinculado al nivel central”, explicó.
