Al grito de «¡liberen a Aung San Suu Kyi!», los manifestantes salieron este martes de nuevo a las calles de Rangún para protestar contra el golpe de Estado militar del 1 de febrero, desafiando las amenazas de represión de los generales.
En el barrio de San Chaung de la capital económica birmana, numerosos profesores marchaban por la calle principal, efectuando el famoso saludo de tres dedos en señal de resistencia contra los militares.
Se trata de un desafío abierto a la decisión de los militares que el lunes prohibieron concentraciones de más de cinco personas en las principales ciudades del país.
El ejército, que alegó «fraudes electorales» en las elecciones legislativas de noviembre para justificar el golpe, blandió la amenaza de represalias contra los manifestantes. «Serán adoptadas acciones (…) contra las infracciones que perturban, impiden y destruyen la estabilidad del Estado», anunció la televisión pública.
«Sus advertencias no nos preocupan, es por ello que salimos hoy. No podemos aceptar su excusa de fraude electoral. No queremos una dictadura militar», declaró a la AFP Thein Winun, uno de los maestros que protestan en San Chaung.
Ley marcial
También en Rangún, otros manifestantes se congregaron ante la sede de la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi, vestidos de rojo, el color de la LND, y con retratos de la dirigente, detenida después del golpe.
n la capital, Naypyidaw, la policía utilizó cañones de agua para dispersar a un pequeño grupo de manifestantes que ante la barrera de las fuerzas del orden, gritaba: «¡Paren la dictadura militar!», según imágenes en directo de la televisión.
Los militares decretaron el lunes la ley marcial en varios barrios de Rangún, la capital económica de Birmania, en Mandalay (centro), segunda ciudad del país, y en otros lugares. Asimismo, impusieron un toque de queda entre las 20H00 y las 04H00 locales.
Esta decisión sigue a las multitudinarias manifestaciones pro democracia del fin de semana en Rangún.
Este tipo de protestas no se habían visto en Birmania desde la revuelta popular de 2007, la llamada «revolución de azafrán» liderada por los monjes y que fue violentamente reprimida por el ejército.
El riesgo de represión es real. «Todos sabemos de lo que es capaz el ejército: de atrocidades masivas, de muertes de civiles, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias», dijo Tom Villarin del grupo de parlamentarios del Asean (Asociación de Naciones de Asia del Sureste) para los derechos humanos.
Desde el 1 de febrero, más de 150 personas, entre diputados, responsables locales, activistas, han sido detenidos, según la Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos con sede en Rangún.
El comandante en jefe del ejército, Min Aung Hlaing, se dirigió al país por primera vez desde el golpe el lunes por la noche en la cadena del ejército Myawaddy TV.
Se comprometió a «celebrar elecciones libres y justas» al término del estado de urgencia de un año, y prometió un régimen militar «diferente» de los anteriores.
Birmania vivió cerca de 50 años bajo la férula militar desde su independencia en 1948. El golpe del 1 de febrero puso fin a un breve paréntesis democrático de una década.
La LND ganó por mayoría aplastante las legislativas de noviembre, en unos comicios que los militares califican de fraudulentos pese a que los observadores internacionales no constataron problemas mayores.
El golpe de Estado ha sido condenado por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y numerosos países.
Nueva Zelanda anunció este martes la suspensión de contactos militares y políticos de alto nivel con Birmania, en lo que constituye el primer paso internacional para aislar a la junta militar del país tras el golpe de Estado.
«Tras el golpe militar, Nueva Zelanda suspende todo contacto político y militar con Birmania», dijo la primera ministra Jacinda Ardern a la prensa.
(09/02/2021)
