La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, apuntó a la expresidenta Jeanine Áñez como la principal responsable de las muertes en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), el 15 y el 19 de noviembre de 2019, respectivamente, por ser quien firmó el decreto que eximió de responsabilidad penal a los militar para «restablecer el orden». Advirtió que bajo la administración de Áñez, al menos 27 personas perdieron la vida bajo este paraguas legal.
“No podemos quedarnos solamente con un proceso judicial contra un general (Luis Fernando Valverde Ferrufino). ¿Uno solo? ¡Participaron más! No podemos quedarnos con una imputación contra (Luis Fernando) López y (Arturo) Murillo (exministros de Defensa y Gobierno) porque hubo una presidenta que les ordenó a ellos y esa presidenta, transitoria o no transitoria, constitucional o no constitucional, ella firma el decreto donde se señala las intervenciones policiales y militares con una suerte de manto de impunidad para los militares con una teoría de defensa de situación de legítima defensa. Una analogía a los decretos que sacaba (Jorge Rafael) Videla en la época de la dictadura de Argentina”, aseveró Cruz en el programa de La Razón Piedra, papel y tinta.
La Defensora aludió así al Decreto Supremo 4078 que Añez firmó y por el cual se autorizó a las Fuerzas Armadas hacer operaciones en busca del restablecimiento del orden público eximiendo a las fuerzas del orden de cualquier responsabilidad penal.
“Murieron 27 personas bajo sus órdenes”, dijo Cruz, y señaló que las órdenes emanadas por Áñez fueron cumplidas por López y Murillo, con lo que se vino una serie de torturas, atentados a la dignidad de las personas, persecución política y un “atentado muy fuerte contra el Estado de derecho”. “Es así como llega Áñez al poder”, recordó.
Cruz evocó que entre el 8 y 9 de noviembre de 2019 existió una situación de zozobra en Bolivia y que todo debe ser investigado. “El pico más alto fue el 10 de noviembre tras la renuncia del Presidente (Evo Morales)”.
Según la Defensora, en Bolivia se debe esclarecer las “masacres”, las torturas, de las casas quemadas (en noviembre de 2019) en ambos bandos para devolver una respuesta del Estado a la sociedad.
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“Soy sincera, no confío en la Fiscalía porque han dado muy pocas luces; más de un año no tenemos inicio de un juicio, más de un año las personas que nos presentan como imputadas deberían estar imputadas hace un año, pero ese es el Estado de derecho”, indicó.
Para el periodista de la cadena TeleSur Freddy Morales, lo que existió en noviembre de 2019 “no fue sucesión, sino un golpe de Estado’.
Morales dijo tener un “listado de hechos relevantes” que demuestran que sí hubo un golpe de Estado en Bolivia y citó como ejemplo declaraciones del entonces presidente cívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho: “Mi papá arregló con la Policía y los militares”.
“¿Se necesita algo más?”, cuestionó. Luego precisó que el momento que la Policía y las Fuerzas Armadas comunicaron que no saldrían a las calles fue cuando Camacho dio un plazo a Morales para que éste presente su renuncia al cargo. “Hay gente interesada en negar que hubo un golpe de Estado. Lo obligaron a renunciar (a Morales) tomando rehenes, quemando casas. Lo de Evo no fue una renuncia voluntaria”.
Cruz valoró la presencia en Bolivia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que investiga no solo las muertes de Sacaba y Senkata, sino también los antecedentes del conflicto. Advirtió que desde la Defensoría se continuará “peregrinando por justicia”.
Al menos 20 personas murieron en los hechos de Sacaba y Senkata. Este martes, el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, reveló que se realizó la primera imputación por la “masacre” en El Alto del 19 de noviembre de 2019. Se trata del general en retiro Luis Fernando Valverde Ferrufino, quien entonces cumplía funciones como director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), del Ministerio de Hidrocarburos.
